Vacunatorio VIP: Procesamiento y embargo para Ginés González García

El 12 de julio de 2024, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Ginés González García, ex ministro de Salud argentino, por el escándalo del «Vacunatorio VIP». Este escándalo se desató en febrero de 2021, cuando se descubrió que González García facilitó la vacunación contra COVID-19 a varias personas influyentes fuera de los criterios establecidos. La jueza ordenó un embargo de 130 millones de pesos sobre sus bienes.

Durante la pandemia de COVID-19, el acceso a las vacunas era extremadamente limitado y priorizado para personal de salud y grupos vulnerables. Sin embargo, González García y otros funcionarios organizaron un operativo paralelo de vacunación en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas, permitiendo la inoculación de individuos no prioritarios. Entre los vacunados se encontraban figuras públicas como el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el periodista Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La fiscalía, representada por Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, argumentó que estas acciones constituyeron abuso de autoridad y peculado. Se trasladaron dosis de la vacuna asignadas al Hospital Posadas al Ministerio de Salud y a domicilios particulares, beneficiando a personas que no cumplían con los criterios establecidos por la normativa vigente, Resolución MSAL N° 2883/2020.

Fallo judicial

La jueza Capuchetti determinó que las acciones de González García y su equipo violaron los deberes inherentes a sus cargos. Además del procesamiento de González García, fueron procesados Alejandro Salvador Costa, Marcelo Ariel Guille, Alberto Alejandro Maceira y María Elena Borda. Otros médicos implicados fueron absueltos por falta de mérito.

La jueza destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían utilizarse exclusivamente para el personal de salud y, en casos excepcionales, para personal estratégico. Sin embargo, los beneficiarios del «Vacunatorio VIP» no cumplían con estos criterios.

Impacto y reacciones

El escándalo generó una gran indignación pública y política. La revelación inicial por Horacio Verbitsky, quien admitió haber sido vacunado fuera del cronograma oficial, provocó la renuncia de González García y una serie de investigaciones. La oposición y la sociedad civil criticaron duramente la gestión del gobierno en relación con la distribución de vacunas, cuestionando la equidad y transparencia del proceso.

El fallo de Capuchetti subrayó el contexto crítico en el que ocurrieron estos hechos, durante una etapa de alta demanda y baja disponibilidad de vacunas. La decisión de embargar los bienes de González García por una suma significativa refleja la gravedad de las acusaciones y el intento de reparar, al menos simbólicamente, el daño causado al patrimonio público.