Nueva reforma de inmigración en Japón.
El 10 de junio de 2024, entró en vigor en Japón una controvertida reforma de la ley de inmigración que limita las solicitudes de asilo y permite la deportación de aquellos que las excedan. Esta nueva normativa establece que los ciudadanos extranjeros que hayan solicitado asilo tres veces o más podrán ser deportados si no presentan motivos razonables para no hacerlo. Además, permite a los solicitantes de asilo residir fuera de los centros de detención bajo supervisión.
La reforma modifica la Ley sobre el Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, la cual previamente impedía la deportación de aquellos cuya solicitud de asilo estaba en trámite. Las autoridades japonesas argumentan que esta medida es necesaria para evitar abusos del sistema y para gestionar mejor las detenciones y deportaciones.
El nuevo marco legal ha suscitado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y abogados defensores de migrantes. Afirman que la reforma puede resultar en la deportación de personas que enfrentan peligros en sus países de origen y que la evaluación de las solicitudes de asilo en Japón carece de transparencia y equidad.
Japón tiene uno de los índices más bajos de aprobación de solicitudes de asilo, con solo un 0,85% de aprobación, excluyendo a los refugiados afganos tras la vuelta al poder de los talibanes. En 2023, de 13.823 solicitudes, solo 303 personas recibieron asilo, una cifra récord para el país.
El gobierno japonés, liderado por el Partido Liberal Democrático y su socio de coalición, Komeito, defiende la reforma como una medida necesaria para fortalecer el sistema de inmigración y garantizar que solo aquellos que realmente necesitan protección la reciban. Según la Agencia de Servicios de Inmigración, los controles prolongados y la negativa a salir del país por parte de los solicitantes de asilo complicaban la tarea de proteger a quienes realmente lo necesitan.
Grupos de abogados y defensores de derechos de migrantes han declarado que harán todo lo posible para asegurar que el gobierno japonés respete el derecho internacional de asilo. Critican la posible expulsión de menores que han nacido o se han criado en Japón y destacan casos en los que solicitantes de asilo han obtenido el estatus de refugiado tras múltiples intentos.
La nueva ley de inmigración de Japón ha llamado la atención de la comunidad internacional, planteando preguntas sobre el compromiso del país con los derechos humanos y las normas internacionales de protección de refugiados. Los cambios en la política de asilo pueden tener repercusiones en las relaciones diplomáticas de Japón y en su imagen global como país acogedor.
