Milei evalúa cerrar Aerolíneas Argentinas ante conflicto gremial y falta de apoyo para su privatización
Con dificultades en el Congreso para avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas, el presidente Javier Milei y su equipo evalúan la posibilidad de cerrar la aerolínea de bandera, a raíz de los paros y conflictos gremiales que han paralizado su funcionamiento y generado cancelaciones y demoras para miles de pasajeros.
El oficialismo ya ha tomado medidas drásticas, como la desregulación de Intercargo, empresa estatal que controla el servicio de rampa en aeropuertos. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, junto a los ministros de Desregulación y Seguridad, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, anunciaron la decisión de permitir que empresas privadas puedan ofrecer este servicio, tras los paros que bloquearon los aeropuertos más importantes del país.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que «este es el fin de Intercargo como se conocía hasta ahora», y acusó a los sindicatos de «terrorismo sindical». Además, Bullrich anunció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria intervendrá en casos de emergencia para garantizar la continuidad de los servicios.
Ante la falta de consenso para aprobar la privatización de Aerolíneas en el Congreso, el Gobierno podría optar por declarar un Plan Preventivo de Crisis para la empresa, lo que derivaría en su cierre definitivo si no se alcanzan acuerdos con los gremios del sector.
Las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos, que incluyen la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), continuarán en los próximos días. Sin embargo, la falta de resolución y la agenda política adversa en el Congreso hacen incierta la viabilidad de mantener en funcionamiento la aerolínea.
Por otro lado, Milei enfrenta presiones legislativas en relación con el presupuesto y el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU), herramienta que el mandatario utiliza para agilizar reformas sin pasar por el Congreso.