La AFIP elimina la obligación de registrar los contratos de alquiler: Implicaciones y reacciones
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina anunció una medida significativa que ha generado un amplio debate en el ámbito inmobiliario: la eliminación de la obligación de registrar los contratos de alquiler. Esta normativa, que había sido implementada en 2020 como parte de un esfuerzo por aumentar la transparencia fiscal y mejorar la recaudación tributaria en el sector inmobiliario, ha sido derogada, generando una serie de reacciones tanto positivas como negativas entre inquilinos, propietarios, agentes inmobiliarios y expertos fiscales.
La obligación de registrar los contratos de alquiler surgió en el contexto de una reforma fiscal que buscaba regularizar las relaciones contractuales en el sector inmobiliario y asegurar que tanto propietarios como inquilinos cumplieran con sus responsabilidades tributarias. Bajo esta normativa, los propietarios de inmuebles alquilados debían registrar los contratos ante la AFIP dentro de un plazo específico tras la firma del acuerdo. Esta medida fue vista inicialmente como un paso necesario para combatir la evasión fiscal y garantizar que todos los actores del mercado inmobiliario contribuyeran adecuadamente a la recaudación tributaria.
Sin embargo, desde su implementación, la medida fue objeto de críticas por parte de diversos sectores. Los propietarios argumentaron que el proceso de registro era engorroso y costoso, mientras que los inquilinos expresaron preocupaciones sobre el impacto que esta medida podría tener en los precios de los alquileres. Asimismo, muchos señalaron que la obligación de registro no siempre era clara, y que las sanciones por no cumplir con esta normativa eran desproporcionadas.
La eliminación de la obligación: ¿Qué cambia?
Con la reciente decisión de la AFIP, ya no será necesario registrar los contratos de alquiler ante el organismo. Esto implica una simplificación significativa en el proceso de alquiler de inmuebles, lo cual, según la AFIP, busca aliviar la carga administrativa tanto para propietarios como para inquilinos. Esta medida se enmarca dentro de un conjunto de reformas más amplias que la AFIP ha venido implementando para reducir la burocracia y fomentar una mayor eficiencia en la administración tributaria.
Según la AFIP, la eliminación de esta obligación no significa que el organismo renuncie a la fiscalización del sector inmobiliario. Por el contrario, la AFIP ha anunciado que reforzará otros mecanismos de control para asegurar que se cumplan las obligaciones fiscales, tales como la supervisión de los ingresos de alquiler a través de otros medios, como el análisis de las declaraciones juradas de impuestos y el cruce de información con otros registros públicos.
La medida ha generado diversas reacciones en el sector inmobiliario. Por un lado, los propietarios han recibido con alivio la eliminación de la obligación de registro, argumentando que se trataba de un proceso que añadía complejidad y costos innecesarios al ya de por sí complicado proceso de alquilar un inmueble. Muchos propietarios ven esta medida como un reconocimiento por parte del gobierno de que la normativa anterior era excesivamente onerosa y que no siempre cumplía con su objetivo de mejorar la transparencia en el mercado.
Por otro lado, algunos inquilinos han expresado preocupación por la eliminación del registro, argumentando que podría llevar a una menor protección de sus derechos. El registro de contratos proporcionaba una forma de garantizar que los acuerdos de alquiler se realizaran de manera formal y legal, lo que protegía tanto a inquilinos como a propietarios de posibles abusos. Sin el registro, temen que los alquileres informales puedan aumentar, reduciendo la posibilidad de reclamar derechos ante la justicia en caso de disputas.
Los agentes inmobiliarios, por su parte, han mostrado opiniones divididas. Si bien muchos aplauden la simplificación administrativa, otros advierten que la eliminación del registro podría llevar a un aumento en la informalidad del mercado, lo que podría dificultar el seguimiento de las tendencias del mercado inmobiliario y la planificación urbana. Además, algunos agentes sugieren que la medida podría llevar a una mayor evasión fiscal, ya que será más difícil para la AFIP monitorear los ingresos por alquileres.
