Italia avanza con un proyecto de ley que incluye la castración química para violadores y otras medidas de seguridad
El gobierno de Giorgia Meloni, a través de su partido de ultraderecha y sus aliados, impulsa un controvertido proyecto de ley que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que podría modificar profundamente el sistema de seguridad y justicia en Italia. El proyecto incluye medidas como la castración química para violadores, penas de cárcel para manifestantes que bloqueen rutas y nuevas restricciones para migrantes, entre otras propuestas. Ahora, solo falta la aprobación del Senado para que entre en vigencia.
Castración química para violadores: una medida drástica
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la castración química voluntaria para violadores. Esta medida permitiría a los condenados por delitos sexuales optar por un tratamiento farmacológico que inhibe sus impulsos sexuales, a cambio de obtener beneficios en su sentencia, como la libertad condicional. El tratamiento consiste en un «bloqueo androgénico total», que busca reducir el impulso sexual del delincuente. La idea es que este tratamiento sirva como una medida disuasoria que evite la reincidencia.
La propuesta fue presentada por el partido ultraderechista Liga, encabezado por el vicepresidente Matteo Salvini, socio del gobierno de Meloni. Salvini ha defendido la medida como una forma de garantizar la seguridad pública y proteger a las víctimas, especialmente en un contexto donde los delitos sexuales generan gran preocupación social.
Restricciones para migrantes y castigo a manifestantes
Otro aspecto significativo del proyecto es el endurecimiento de las normativas para los migrantes en situación irregular. Entre las nuevas reglas se incluye la imposibilidad de adquirir una tarjeta SIM sin un permiso de residencia, lo que podría dejar incomunicados a miles de migrantes en el país. Los defensores de la medida sostienen que es una forma de reforzar el control sobre la población migrante y evitar su integración irregular en la sociedad italiana.
Además, el proyecto introduce penas de hasta dos años de cárcel para quienes bloqueen rutas en manifestaciones. Esta disposición ha sido duramente criticada por la oposición, que sostiene que la criminalización de las protestas afecta los derechos fundamentales a la libre expresión y manifestación pacífica.
Críticas y debate político: el “decreto anti-Gandhi”
El paquete de medidas ha generado una gran controversia en Italia, donde sectores de la oposición lo han denominado «decreto anti-Gandhi» debido a las restricciones que impone sobre las protestas pacíficas. Los críticos advierten que las políticas de mano dura del gobierno de Meloni podrían derivar en un Estado policial, socavando los principios democráticos y los derechos civiles en el país.
Simona Bonafè, diputada del Partido Demócrata (centroizquierda), calificó la castración química como una medida «inconstitucional» que atenta contra el ordenamiento jurídico de Italia. «Estamos retrocediendo en el tiempo, superamos el uso del castigo corporal hace siglos», afirmó, subrayando que estas propuestas podrían erosionar los derechos humanos.
Apoyo del gobierno y visión futura
A pesar de las críticas, el gobierno de Meloni ha defendido firmemente el proyecto, argumentando que es necesario para reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la protección de las víctimas, especialmente en casos de delitos sexuales. Según el Ejecutivo, estas medidas permitirán dar una respuesta más contundente y efectiva ante el crimen en Italia.
En cuanto al futuro de la ley, se espera que en las próximas semanas pase a la Cámara de Senadores, donde, si se aprueba, las nuevas normativas podrían entrar en vigor de inmediato. El proyecto forma parte de una agenda más amplia del gobierno de Meloni que busca endurecer las políticas de seguridad y control en el país.
El resultado de este debate no solo definirá el curso de la justicia en Italia, sino que también podría tener implicaciones profundas en el panorama político y social del país, marcando un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre las visiones de mano dura y los defensores de los derechos humanos.
