Boluarte promulga ley que impide acusaciones contra partidos políticos por corrupción
En un movimiento controversial, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha promulgado una ley que impide que los partidos políticos sean acusados penalmente por corrupción. Esta ley, que modifica el Código Penal, se centra en aplicar la responsabilidad penal de manera individual a los involucrados en actos ilícitos, eximiendo a las organizaciones políticas de procesamiento o disolución por estos delitos. La normativa ha generado críticas, especialmente en el contexto del próximo juicio de Keiko Fujimori por presunto lavado de activos.
La ley, publicada en el diario oficial El Peruano, surge en un momento delicado, ya que la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros miembros de su partido enfrentan cargos de lavado de activos. La fiscalía ha solicitado una pena de 30 años de prisión para Fujimori y la disolución de su partido, alegando que se utilizaron fondos ilícitos en campañas electorales.
Cambios en el Código Penal
La nueva ley establece que la responsabilidad penal se aplicará de manera individual a los implicados en actos de corrupción, y no a los partidos políticos como entidades. Además, se especifica que las medidas administrativas como la disolución no serán aplicables a los partidos políticos, remitiendo cualquier sanción al régimen específico de la ley de organizaciones políticas.
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones civiles y sectores de la oposición han criticado la ley, argumentando que podría debilitar la lucha contra la corrupción al proteger a las organizaciones políticas de consecuencias legales. Por otro lado, defensores de la ley afirman que es un paso necesario para proteger la democracia representativa y evitar la politización de la justicia.
La promulgación de esta ley también se da en un contexto de tensión política, con el expresidente Pedro Castillo enfrentando una ampliación de su prisión preventiva por presunta rebelión y otros delitos. La situación política en Perú sigue siendo volátil, y esta nueva legislación podría tener profundas implicaciones para el futuro de la lucha contra la corrupción en el país.
