Un fiscal Argentino solicita la detención del ex Presidente de Myanmar

El 28 de junio de 2024, Guillermo Marijuan, un fiscal argentino, solicitó la detención del ex presidente de Myanmar, Htin Kyaw, y de 24 altos mandos militares del país, acusándolos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la comunidad Rohingya. La petición se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar crímenes graves internacionales independientemente de donde hayan sido cometidos.

El conflicto Rohingya es una crisis humanitaria que ha afectado a la comunidad musulmana Rohingya en Myanmar, particularmente en el estado de Rakhine. Entre 2012 y 2018, se reportaron numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, violaciones, y desplazamientos forzados, llevadas a cabo por el ejército de Myanmar. Este conflicto ha sido catalogado por diversas organizaciones internacionales como genocidio.

La solicitud de Marijuan se basa en el principio de jurisdicción universal, el cual permite que ciertos crímenes internacionales, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, puedan ser juzgados por tribunales nacionales en cualquier parte del mundo, sin importar dónde se hayan cometido. Este principio busca garantizar que los perpetradores de estos crímenes no escapen a la justicia.

La Solicitud de Detención

Marijuan presentó su solicitud ante la jueza María Servini, quien ahora debe decidir si procede con la emisión de órdenes de captura internacional contra Htin Kyaw y los 24 militares. Entre los acusados se encuentran figuras de alto perfil, responsables de la implementación de políticas represivas contra la comunidad Rohingya.

La solicitud incluye detalles de los crímenes cometidos y la evidencia recopilada, que apunta a una campaña sistemática de violencia dirigida por el estado de Myanmar contra la población Rohingya. Esta evidencia ha sido recopilada por varias organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales.

Impacto en Myanmar

En Myanmar, el gobierno y los militares han rechazado consistentemente las acusaciones de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La solicitud de detención por parte de un fiscal argentino podría aumentar las tensiones internas y afectar la posición internacional de Myanmar. Las autoridades birmanas podrían enfrentar mayores presiones para cooperar con investigaciones internacionales y mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

El Rol de la Jueza María Servini

La jueza María Servini, conocida por su trabajo en casos de derechos humanos, tiene la tarea de evaluar la solicitud de Marijuan. Su decisión podría sentar un precedente significativo para la aplicación de la jurisdicción universal en Argentina y otros países. Si decide proceder, se emitirían órdenes de arresto internacional, iniciando potencialmente un proceso de extradición para llevar a los acusados a juicio en Argentina.

Evidencia y Testimonios

La solicitud de Marijuan se apoya en testimonios de sobrevivientes, informes de organizaciones no gubernamentales, y documentos oficiales que detallan las atrocidades cometidas. Los testimonios de los Rohingya que han escapado de Myanmar son cruciales, ya que proporcionan relatos de primera mano sobre las violaciones a los derechos humanos y las condiciones en los campos de refugiados.

Apoyo de Organizaciones Internacionales

Diversas organizaciones internacionales han expresado su apoyo a la iniciativa del fiscal argentino. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras ONG han emitido comunicados respaldando la importancia de la jurisdicción universal para abordar crímenes de tal magnitud. Estas organizaciones han trabajado extensamente en documentar los abusos en Myanmar y han instado a la comunidad internacional a tomar medidas concretas.

Esta solicitud de detención se enmarca en una serie de esfuerzos globales para llevar a cabo juicios por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Tribunales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional (TPI), y cortes nacionales han jugado roles importantes en la búsqueda de justicia. La acción de Argentina resalta la relevancia de los sistemas judiciales nacionales en la persecución de estos crímenes.