Torturas de Régimen de Maduro según los exiliados

En los últimos años, la comunidad internacional ha dirigido su atención hacia la grave crisis de derechos humanos que vive Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Los testimonios de víctimas, expuestos en audiencias judiciales y foros internacionales, han revelado un panorama desolador de torturas, persecuciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano contra aquellos que se oponen al régimen o simplemente son considerados una amenaza. En Argentina, la Justicia ha acogido estos casos bajo el principio de jurisdicción universal, y la reciente audiencia ante la Cámara Federal de Comodoro Py ha sido un hito importante en la búsqueda de justicia para las víctimas venezolanas exiliadas.

La audiencia tuvo lugar en el marco de una investigación que busca la captura y detención del dictador Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. Diversos ciudadanos venezolanos, ahora residentes en Argentina, brindaron testimonios impactantes sobre las torturas y abusos que sufrieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

El caso de V.: el horror en el Helicoide

Uno de los testimonios más impactantes fue el de V., un ciudadano venezolano que en 2018 fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y llevado al Helicoide, un centro de detención tristemente conocido por ser escenario de torturas. V. relató cómo fue acusado injustamente de terrorismo e instigación para delinquir. Treinta y cinco oficiales irrumpieron en su casa sin orden de allanamiento y lo llevaron a este centro de detención. Allí, fue interrogado entre 80 y 90 veces, sometido a tratos crueles y negado cualquier derecho a una defensa adecuada.

El régimen utilizaba tanto la violencia física como la psicológica para quebrantar la voluntad de sus prisioneros. A V. lo obligaron a arrodillarse con una pistola en la boca, mientras era golpeado y amenazado. “Me decían que sabían hasta cuántas pestañas tenía, así que no podía mentirles”, relató ante los jueces. Además, lo amenazaron con violar a su novia y detuvieron a su madre durante 18 horas, acusándola de ser “la madre de un terrorista”.

El tiempo que pasó en el Helicoide fue una pesadilla interminable. Durante cinco meses, V. compartió una celda diminuta con otras 16 personas. No recibían visitas, no tenían acceso a abogados, y las condiciones de vida eran inhumanas: debían defecar en las bandejas de comida y orinar en vasos de gaseosa. Además, la basura solo se retiraba una vez por semana, lo que agravaba la insalubridad. “Lo más fuerte es presenciar la tortura de los otros”, recordó V., quien pudo salir de prisión únicamente gracias a una negociación política, y no a través de un proceso judicial justo.

La persecución de los defensores de derechos humanos

Otro de los testimonios fue el de un defensor de derechos humanos que, desde 2015, comenzó a sufrir amenazas y agresiones físicas debido a su trabajo. A pesar de las constantes intimidaciones, continuó monitoreando desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por el régimen. En 2018, su seguridad se vio gravemente comprometida, lo que lo obligó a salir de Venezuela. Sin embargo, al regresar al país, fue detenido por la inteligencia del Estado y acusado de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cargos infundados que buscaban silenciar su labor.

Este defensor explicó que el acoso y las amenazas no cesaron, incluso fuera de Venezuela. Señaló que el régimen tiene un aparato represivo que opera a nivel internacional, amenazando a los familiares de quienes han huido. “Aquí no soy un migrante ni un turista. Tuve que huir por mi vida”, aseguró, agradeciendo al sistema judicial argentino por abrir un espacio para que las víctimas puedan buscar justicia.

La represión contra los fiscales venezolanos

El testimonio de un abogado que trabajó como fiscal en Venezuela también puso de manifiesto la falta de independencia del poder judicial en el país. Desde 2002, el abogado había investigado violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales, pero su trabajo se volvió cada vez más difícil cuando en 2016 comenzó a investigar casos de homicidio y abusos sexuales perpetrados durante la represión de manifestaciones estudiantiles.

Este fiscal relató cómo las instituciones venezolanas fueron secuestradas por las cúpulas del poder, y cómo los fiscales, aunque en teoría eran autónomos, en la práctica no podían llevar a cabo investigaciones sin enfrentar represalias. En una ocasión, fue secuestrado por funcionarios militares que lo sometieron a torturas durante 40 horas. “Me sujetaron las manos y me decían que habíamos ido más allá de lo permitido”, contó. Su secuestro y tortura fueron una advertencia clara de que su investigación estaba tocando intereses sensibles del régimen.

En 2018, este abogado participó en una reunión donde se impulsaba la denuncia contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la información de la reunión fue filtrada, y al poco tiempo, la guardia del régimen saqueó la casa de su madre. Esto lo obligó a abandonar definitivamente Venezuela y buscar refugio en Argentina, donde continúa su lucha por los derechos humanos.

La violencia en las manifestaciones: bombas lacrimógenas y balas de plomo

Una dirigente política y defensora de derechos humanos también ofreció su testimonio ante los jueces argentinos, relatando cómo fue brutalmente herida durante una manifestación en 2017. Mientras protestaba pacíficamente contra el régimen, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la frente, un ataque que casi le cuesta la vida. A pesar de estar gravemente herida, tuvo que huir clandestinamente al hospital, ya que la policía buscaba capturar a los heridos de las manifestaciones.

Este relato evidencia la brutalidad con la que el régimen de Maduro ha respondido a las movilizaciones populares. Las fuerzas de seguridad no solo reprimen violentamente a los manifestantes, sino que también los persiguen después de los enfrentamientos, violando de manera flagrante los derechos humanos.

Las celdas del Helicoide: hacinamiento y tortura psicológica

Otro ex prisionero político del Helicoide también brindó su testimonio, detallando las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos los detenidos. Acusado falsamente de conspiración junto a un militar, pasó meses en una celda hacinada, donde los prisioneros políticos convivían con delincuentes comunes. La tortura psicológica era constante, y uno de sus compañeros fue encontrado ahorcado en su celda.

En su testimonio, este prisionero explicó cómo el régimen utilizaba a los detenidos como fichas de cambio en sus negociaciones políticas. La corrupción del sistema judicial quedó en evidencia cuando una jueza, a pesar de no encontrar pruebas de terrorismo, se vio obligada a enviar a juicio a los detenidos por miedo a las represalias del régimen.

La justicia internacional y el principio de jurisdicción universal

Estos testimonios son solo una pequeña muestra del vasto entramado de represión y violaciones a los derechos humanos que ha construido el régimen de Nicolás Maduro. La audiencia en la Cámara Federal de Argentina es un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas venezolanas, y demuestra que la impunidad no es absoluta.

La Justicia argentina, al aplicar el principio de jurisdicción universal, envía un mensaje claro: los crímenes de lesa humanidad no conocen fronteras, y aquellos que los cometen deben rendir cuentas ante la ley, sin importar dónde se encuentren.

El camino hacia la justicia es largo y complejo, pero los testimonios valientes de las víctimas venezolanas exiliadas en Argentina son una prueba de que, aunque el régimen de Maduro ha intentado silenciarlos, sus voces siguen resonando en los tribunales internacionales. La esperanza es que algún día se haga justicia y que los responsables de estas atrocidades enfrenten las consecuencias de sus acciones.