Rumania solicita modificar la protección del oso pardo debido a los graves daños ocasionados.
En respuesta a los crecientes problemas causados por la expansión del oso pardo en zonas habitadas, Rumania ha solicitado a la Comisión Europea (CE) que reconsidere el estatus de protección de esta especie, que se impuso cuando se consideraba en peligro de extinción.
Durante las últimas dos décadas, Rumania ha registrado un total de 26 personas fallecidas y más de 270 heridas como resultado de ataques de osos. Este incremento en los conflictos entre humanos y osos se atribuye al éxito de las políticas de conservación, que han facilitado la reproducción del oso pardo europeo, especialmente en Rumania, donde actualmente habitan alrededor de 7,200 ejemplares, lo que constituye el 40% de la población total en el continente.
A pesar de la importancia de preservar la biodiversidad y la población de osos, los encuentros cada vez más frecuentes entre osos y humanos están generando preocupación. El ministro de Medio Ambiente de Rumania, Mircea Fechet, ha destacado que el daño causado por estos animales está en aumento, con el gobierno rumano pagando compensaciones significativas a personas afectadas en los últimos años.
Fechet enfatizó que la población de osos pardos está comenzando a representar una amenaza para la seguridad y bienestar de los ciudadanos rumanos. En este sentido, Rumania solicita una revisión del estado de conservación de las poblaciones de osos pardos en Europa, en línea con la Directiva sobre hábitats de la Unión Europea. Se espera que esta revisión permita evaluar si se requieren modificaciones en el régimen de protección actual, similar a las aplicadas recientemente para los lobos, con el objetivo de proteger tanto los intereses socioeconómicos como la conservación de la especie.
La Unión Europea ha respaldado programas exitosos para la protección del oso pardo durante las últimas décadas, pero ante la creciente interacción entre osos y humanos, se hace necesario revisar y ajustar las medidas de protección para garantizar un equilibrio adecuado entre la conservación de la biodiversidad y la seguridad de las comunidades locales.
