Revelaciones impactantes en la causa por extorsión contra piqueteros.

Una serie de allanamientos realizados como resultado de una denuncia del Ministerio de Seguridad ha expuesto una presunta red de extorsión que operaba a plena vista durante más de dos décadas en Argentina. Las organizaciones acusadas, que administraban programas de asistencia social, no han proporcionado explicaciones claras sobre las acusaciones en su contra.

La denuncia, que se mantuvo en secreto durante más de cuatro meses en la Justicia, salió a la luz pública cuando se llevaron a cabo múltiples allanamientos para arrestar a decenas de piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. La investigación se basó en testimonios obtenidos a través de la línea telefónica gratuita 134, habilitada por el Gobierno para denunciar presiones indebidas por parte de las organizaciones que gestionaban los programas de asistencia.

Según la investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, se descubrió una supuesta estructura de recaudación que utilizaba recursos destinados a planes sociales y alimentos para beneficiar a la población más necesitada. Esta red, que se beneficiaba de la distribución estatal de recursos, aparentemente desviaba fondos y alimentos hacia la venta ilegal en comunidades de bajos recursos.

Los allanamientos apuntaron a dirigentes y militantes de varias organizaciones sociales, incluyendo el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. Entre los implicados se encuentran personas cercanas al reconocido activista Eduardo Belliboni, así como miembros destacados del FOL.

La investigación reveló una compleja estructura jerárquica dentro de estas organizaciones, en la que los líderes tenían el poder de premiar o castigar a sus subordinados según su participación en actividades políticas y movilizaciones. Se detectaron seis escalones dentro de esta pirámide, desde los líderes visibles hasta los delegados a cargo de los comedores sociales.

Antes de los cambios implementados por el Gobierno, las organizaciones piqueteras tenían la capacidad de certificar las actividades laborales de los beneficiarios de planes sociales, lo que les otorgaba un control significativo sobre la distribución de estos beneficios. Sin embargo, recientes reformas han eliminado esta facultad y han buscado reestructurar el sistema de asistencia social en el país.

La causa por extorsión contra piqueteros ha desencadenado un debate sobre la transparencia y la eficacia de los programas sociales en Argentina, así como sobre el papel de las organizaciones sociales en la distribución de recursos estatales. A medida que la investigación continúa, se espera que se revelen más detalles sobre esta presunta red de corrupción y extorsión.