Reino Unido aprueba ley para deportar migrantes ilegales a Ruanda.

El Gobierno británico liderado por Rishi Sunak ha conseguido aprobar una controvertida legislación que permitirá enviar a migrantes en situación irregular a Ruanda, en un movimiento que ha generado un intenso debate y críticas por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos.

Después de una maratónica sesión en el Parlamento, la ley fue aprobada, marcando un hito en la agenda conservadora de Sunak. Este calificó la ley como «histórica» y destacó su potencial para transformar la dinámica global en torno a la migración.

La ley, parte central del programa conservador, allana el camino para la deportación de migrantes a Ruanda en vuelos programados para despegar en las próximas semanas. Su objetivo es considerar a Ruanda como un país seguro para recibir a aquellos migrantes que cruzaron ilegalmente el Canal de la Mancha.

Este plan, originalmente considerado ilegal por el Tribunal Supremo británico, ha sido objeto de negociaciones y ajustes para finalmente obtener la aprobación parlamentaria. A pesar de las enmiendas propuestas por la Cámara de los Lores, la voluntad de la Cámara de los Comunes ha prevalecido.

Sunak, decidido a hacer avanzar la legislación, impuso un ultimátum a los Lores, advirtiendo que el Parlamento continuaría la sesión hasta lograr la aprobación.

La medida busca disuadir a los migrantes de realizar travesías peligrosas a través del Canal de la Mancha y desmantelar el lucrativo negocio de las bandas criminales que explotan a personas desesperadas por llegar a Inglaterra.

Sin embargo, la aprobación de la ley ha generado críticas por parte del Partido Laborista y organizaciones de derechos humanos. La portavoz de Interior del Partido Laborista, Yvette Cooper, ha calificado el plan migratorio como costoso y ha prometido presentar un plan alternativo si su partido llega al poder en las próximas elecciones.

Organizaciones como Freedom from Torture, Amnistía Internacional y Liberty han expresado su preocupación, señalando que la legislación socava el Estado de derecho y pone en riesgo la protección de las personas contra el abuso estatal.

El debate sobre la migración y la seguridad fronteriza continúa en el Reino Unido, mientras la implementación de esta nueva ley despierta interrogantes y controversia en la sociedad británica.