Proyecto de ley en EE.UU. obligaría al ICE a capturar y deportar a 15.000 inmigrantes ilegales condenados por agresión sexual
Estados Unidos enfrenta una grave preocupación de seguridad debido a la presencia de más de 15.000 inmigrantes ilegales condenados por agresión sexual, quienes deambulan libremente por el país. En respuesta, un nuevo proyecto de ley propuesto por legisladores republicanos busca reforzar el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la localización y deportación de estos delincuentes.
Este proyecto, denominado «Be Gone Act», fue presentado por la senadora republicana Joni Ernst de Iowa. La medida tiene como principal objetivo acelerar la expulsión de inmigrantes ilegales condenados por delitos sexuales y violencia sexual agravada. La iniciativa fue impulsada tras la revelación de que Estados Unidos alberga actualmente más de 600.000 inmigrantes con condenas penales, según datos proporcionados por el jefe interino del ICE en una reunión con el representante de Texas Tony Gonzales.
Un proyecto de ley para enfrentar el aumento de delitos sexuales cometidos por inmigrantes ilegales
El “Be Gone Act” responde a la creciente preocupación por la seguridad pública en las comunidades estadounidenses, tras el aumento de casos de agresión sexual cometidos por inmigrantes ilegales. La senadora Ernst, en una declaración compartida, fue contundente al señalar que estos delincuentes violentos “nunca debieron haber ingresado a Estados Unidos en primer lugar”, y que ahora que están dentro del país, es imperativo que “desaparezcan”. La senadora enfatizó que «la falta de seguridad fronteriza» ha permitido la entrada de personas con antecedentes penales, lo que agrava la situación de inseguridad.
Este proyecto de ley llega en un contexto de intenso debate sobre la política migratoria en Estados Unidos, con críticas al manejo de la frontera por parte de la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Según Ernst, dado que la vicepresidenta Harris, a quien apodó «zar fronteriza», no ha tomado las medidas necesarias para proteger al país, ella ha decidido presentar una solución legislativa para «combatir la violencia sexual y garantizar que los depredadores sean identificados, detenidos y deportados».
El desafío de deportar a inmigrantes condenados
La propuesta de ley también resalta los desafíos que enfrenta el ICE al intentar deportar a inmigrantes ilegales condenados. De los más de 600.000 inmigrantes con antecedentes penales, alrededor de 15.000 han sido condenados por agresiones sexuales, lo que representa un peligro significativo para las comunidades locales. A pesar de ello, no está claro cuántos de estos delincuentes ingresaron al país durante la administración actual o si ya estaban bajo custodia de otras agencias de aplicación de la ley.
Datos federales indican que aproximadamente 8.000 de los 37.000 inmigrantes actualmente detenidos por el ICE son delincuentes convictos. Sin embargo, muchos de estos detenidos están en espera de procesos judiciales de inmigración o apelaciones que demoran su deportación, especialmente aquellos de países como Venezuela, donde el gobierno se niega a aceptar vuelos de repatriación.
Además de los delincuentes sexuales, se estima que unos 13.000 inmigrantes ilegales que no están detenidos son asesinos convictos. Esta cifra resalta la magnitud del desafío que enfrenta el ICE en su misión de capturar y deportar a criminales peligrosos que permanecen en libertad.
El impacto de las leyes de santuario
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el ICE para ejecutar deportaciones es la existencia de leyes de santuario en varias ciudades y estados de Estados Unidos. Estas leyes impiden que las agencias locales de aplicación de la ley cooperen con las autoridades federales de inmigración, lo que dificulta la captura y expulsión de inmigrantes condenados por delitos graves.
En una carta dirigida al representante Gonzales, el director interino del ICE, Patrick Lechleitner, expresó su preocupación por cómo las políticas de santuario están protegiendo a «criminales peligrosos que, a menudo, victimizan a las mismas comunidades inmigrantes que estas leyes pretenden proteger». La falta de cooperación entre las jurisdicciones locales y las autoridades federales erosiona la confianza en el sistema de justicia y pone en riesgo a la población.
Cifras alarmantes de cruces fronterizos
El problema de los inmigrantes ilegales condenados se ha intensificado en los últimos años debido al aumento de cruces fronterizos ilegales. Bajo la administración Biden-Harris, en el año fiscal 2022 se registraron más de 2,2 millones de encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, según datos del Servicio de Investigación del Congreso. Esta cifra es la más alta jamás registrada, lo que ha generado críticas sobre la capacidad del gobierno para controlar el flujo migratorio.
No obstante, en junio de 2024, los cruces ilegales disminuyeron a su nivel más bajo bajo la administración actual, con aproximadamente 83.000 encuentros registrados. Esto ocurrió luego de que el gobierno implementara nuevas restricciones federales al acceso de asilo en la frontera. A pesar de esta disminución, los defensores de políticas más estrictas consideran que las medidas adoptadas no son suficientes para garantizar la seguridad nacional.
El futuro del “Be Gone Act” y la seguridad migratoria
El “Be Gone Act” busca reforzar las capacidades del ICE para identificar, detener y deportar a inmigrantes ilegales condenados por delitos graves, en particular aquellos relacionados con la agresión sexual. El proyecto de ley también refleja el descontento de algunos sectores políticos con la actual administración y su enfoque hacia la seguridad fronteriza y la inmigración.
La senadora Ernst y otros patrocinadores republicanos del proyecto subrayan la importancia de priorizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y evitar que más inmigrantes con antecedentes penales ingresen al país. Sin embargo, el destino del proyecto de ley en el Congreso aún es incierto, ya que dependerá del apoyo que logre reunir en medio de un clima político altamente polarizado.
Mientras tanto, el ICE continúa su labor de retener a inmigrantes convictos a la espera de su deportación, aunque el proceso sigue siendo lento debido a la acumulación de casos y las limitaciones impuestas por las leyes de santuario. El debate sobre cómo abordar este problema persistirá en la política estadounidense, a medida que el país enfrenta los desafíos de mantener la seguridad y cumplir con sus compromisos humanitarios.
