Obras Sociales Sindicales durante la gestión de Alberto Fernández.

Durante la gestión de Alberto Fernández, las obras sociales sindicales en Argentina recibieron un total de USD 5.500 millones en reintegros y subsidios. Este monto se distribuyó entre 291 entidades sindicales como compensación por tratamientos complejos, medicamentos de alto costo y prestaciones por discapacidad. Estos fondos fueron pagados a través del Fondo Solidario de Redistribución, gestionado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El mayor porcentaje de estos fondos (52%) se destinó a reintegros por discapacidad del Fondo de Integración, totalizando USD 2.540 millones. Este fondo, conformado por un porcentaje de los aportes de trabajadores y empleadores a las obras sociales, experimentó demoras en los pagos en 2022, generando protestas y reclamos.

El análisis de los datos revela que durante la gestión de Fernández, la SSS transfirió un total de ARS 805.307 millones (equivalentes a USD 5.472 millones) a 291 obras sociales. Estos fondos se distribuyeron a través del FSR, que se financia con porcentajes de los aportes de trabajadores y empleadores.

La medida de liberar la elección de obras sociales para los trabajadores, implementada en marzo de 2024, generó conflictos con la CGT, ya que implica la posibilidad de perder afiliados y aportes. Además, el sistema actual permite transferencias millonarias a las obras sociales en concepto de reintegros y subsidios para prestaciones médicas complejas, medicamentos costosos y tratamientos de discapacidad.

El análisis también destaca que la Superintendencia giró fondos al FSR, en 2023, provenientes del Tesoro excepcionalmente y de manera discrecional, por un total de ARS 35.000 millones.

En cuanto a los controles, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene previstas auditorías sobre la SSS, pero los informes tienen demoras significativas. El último informe disponible data de 2012 y señala deficiencias de control e incumplimiento de normativas.

En resumen, el análisis detallado destaca la complejidad del sistema de financiamiento y redistribución de fondos a las obras sociales sindicales en Argentina, así como la necesidad de revisar y mejorar la regulación y los controles para garantizar una distribución eficiente y transparente de los recursos.