La justicia Argentina investiga más de 40 causas por extorsión contra el Movimiento Evita.

La Justicia argentina ha abierto una serie de investigaciones sobre presuntas prácticas de extorsión por parte de organizaciones sociales y piqueteras. Más de 80 dirigentes de entidades como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa están bajo escrutinio. Estas investigaciones están a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien maneja 44 legajos relacionados con estas denuncias.

Las denuncias indican que estas organizaciones presionaban a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para asistir a marchas y eventos políticos. Las amenazas incluían la pérdida de beneficios sociales si no se cumplían con las demandas. Los afectados reportaron recibir mensajes intimidatorios como «te vamos a sacar el plan» si no asistían a las movilizaciones.

Las denuncias fueron corroboradas a través de llamadas al número 134, habilitado por el Ministerio de Seguridad para reportar estas situaciones. Las investigaciones incluyen la verificación de direcciones e identidades, y se han descubierto casos de comedores inexistentes que recibían alimentos. Además, se planean intervenciones telefónicas y allanamientos para profundizar en la recopilación de evidencia.

Las organizaciones investigadas forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y tienen un rol importante en la política argentina.

El gobierno y las fuerzas de seguridad continúan recopilando información y testimonios. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha recibido más de 170,000 llamadas reportando extorsiones. La investigación busca desmantelar estas prácticas y asegurar que los recursos destinados a ayudas sociales se utilicen de manera justa y transparente.