La Fiscalía de Bolivia pide activar alerta migratoria contra Evo Morales por seis casos de corrupción
La Fiscalía General de Bolivia ha solicitado al fiscal departamental de La Paz, William Alave, que revise y considere la activación de una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, con el objetivo de evitar su posible fuga del país en el marco de seis investigaciones por presuntos actos de corrupción. La medida fue impulsada por los exdiputados Amílcar Barral y Yesenia Yarhui, quienes pidieron una «investigación exhaustiva» sobre estos casos que, según afirman, han quedado impunes.
Los seis casos de corrupción que se investigan datan de los años en que Morales estuvo en el poder. Entre ellos se encuentra la adjudicación irregular de contratos a la empresa china CAMC en 2016, la presunta malversación de fondos destinados a proyectos indígenas en 2015, y la sobrevaloración en la compra de barcazas chinas en 2012. También figuran en las denuncias las supuestas irregularidades en proyectos de infraestructura a través de la constructora del Ejército, la adjudicación posiblemente ilegal de contratos con la petrolera estatal YPFB en 2009, y las pérdidas millonarias en contratos de una empresa de servicios alimenticios para la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ha solicitado al fiscal de La Paz que considere la activación de la alerta migratoria, en un intento por asegurar la presencia de Morales en los procesos judiciales. La medida busca impedir que el expresidente salga del país mientras avanzan las investigaciones.
Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha rechazado las acusaciones y asegura que se trata de una «persecución política» en su contra. A través de sus abogados, el exmandatario ha sostenido que se defenderá en lo que ha llamado una «batalla judicial». Su abogado, Jorge Pérez, ha insistido en que Morales es víctima de una campaña de acoso político y que no existen pruebas concluyentes en su contra.
Además de los casos de corrupción, Morales enfrenta actualmente otra investigación por delitos de «trata de personas» y «estupro» relacionados con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció que se podría emitir una orden de aprehensión contra Morales por no presentarse a declarar ante la Fiscalía el pasado viernes en relación con este caso, aunque hasta el momento no se ha confirmado si dicha orden fue ejecutada.
En medio de esta nueva ofensiva judicial, Morales ha advertido que, de ser capturado, convocará a sus seguidores a movilizarse en todo el país y bloquear las rutas principales de Bolivia. «Tenemos que movilizarnos para defendernos de esta persecución injusta», expresó el exmandatario en declaraciones recientes.
El futuro legal de Evo Morales se encuentra en una encrucijada, mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones y las tensiones políticas en Bolivia siguen en aumento. La posibilidad de una alerta migratoria añade una nueva dimensión a la batalla judicial que el exmandatario enfrenta, en medio de un clima político polarizado que sigue marcado por su figura divisiva.
