La Corte Penal Internacional ordena el arresto del Ministro de Defensa de Rusia

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra Serguéi Shoigú, exministro de Defensa de Rusia, y Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor. Ambos están acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania. Los cargos se centran en ataques con misiles contra infraestructuras eléctricas ucranianas, los cuales, según la CPI, causaron daños colaterales excesivos a civiles y bienes civiles.

Los ataques mencionados fueron llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas y dirigidos a numerosas plantas y subestaciones eléctricas en varias localidades de Ucrania. La CPI sostiene que estos ataques constituyen un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, siguiendo una política estatal. Además, se acusa a Shoigú y Guerásimov de no haber ejercido el control adecuado sobre sus tropas para evitar estos crímenes.

La posibilidad de que Shoigú y Guerásimov sean detenidos es escasa, ya que Rusia no es miembro de la CPI, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar sospechosos. Esta situación ya se había evidenciado anteriormente cuando la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación ilegal de menores ucranianos a Rusia, considerada también un crimen de guerra.

La emisión de estas órdenes de arresto subraya la gravedad de las acusaciones y el compromiso de la CPI con la justicia internacional, a pesar de las limitaciones prácticas para ejecutar estas órdenes en territorios no adheridos al tribunal. Este caso podría influir en las relaciones internacionales y en la percepción global sobre la justicia y la responsabilidad en conflictos armados.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, fue quien solicitó la aprobación de estas órdenes de arresto, responsabilizando penalmente a Shoigú y Guerásimov de los actos criminales. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó estas órdenes, considerando que había motivos razonables para creer en la culpabilidad de los acusados. La divulgación de las órdenes, aunque su contenido es secreto para proteger a los testigos y las investigaciones, busca hacer pública la gravedad de los cargos y los nombres de los sospechosos.