Juicio por YPF: La Jueza Preska solicita datos para posible embargo de activos

En un desarrollo significativo del juicio que enfrenta Argentina por la expropiación de YPF, la jueza estadounidense Loretta Preska ha exigido que el país sudamericano presente pruebas para determinar si la empresa petrolera YPF y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actúan como «alter ego» del Estado. Esta demanda surge en respuesta a una solicitud de Burford Capital, el principal beneficiario del fallo que condena a Argentina a pagar 16,000 millones de dólares.

El juicio se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó la compañía. La medida fue polémica y generó una serie de litigios internacionales, siendo el caso llevado ante la jueza Preska uno de los más relevantes y de mayores consecuencias económicas para el país.

Burford Capital, un fondo de inversión que adquirió los derechos sobre la demanda original de los accionistas afectados por la expropiación, ha solicitado a la corte que ordene a Argentina entregar pruebas que demuestren que YPF y el BCRA operan en estrecha relación con el gobierno. La intención de Burford es demostrar que ambos son esencialmente extensiones del Estado argentino, lo que permitiría que sus activos sean embargados para cumplir con la sentencia.

La figura del «alter ego» es crucial en este contexto. Si se determina que YPF y el BCRA no son entidades independientes, sino que actúan bajo el control directo del gobierno argentino, esto abriría la puerta para que Burford Capital busque el embargo de activos de ambas entidades para satisfacer el fallo de 16,000 millones de dólares. Estos activos podrían incluir acciones, inversiones en el extranjero, bonos y otros bienes.

La posibilidad de embargos sobre activos de YPF y el BCRA genera preocupación tanto en el ámbito económico como político en Argentina. La pérdida de activos estratégicos podría tener un impacto significativo en la economía nacional y en la estabilidad del sistema financiero del país. Además, esto podría desincentivar futuras inversiones extranjeras, afectando la percepción de Argentina como un destino seguro para el capital internacional.

Mientras se desarrollan estas audiencias y la jueza Preska considera las pruebas presentadas, Argentina ha apelado el fallo condenatorio en primera instancia y espera la decisión de la Cámara de Apelaciones. Este proceso puede extenderse por al menos un año, durante el cual se determinará si se confirma la condena y si Burford Capital puede proceder con el embargo de activos.

Las reacciones en Argentina han sido diversas. Algunos sectores critican la expropiación de YPF como una medida que, aunque orientada a recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, no fue ejecutada de manera adecuada y ha resultado en un costoso litigio internacional. Otros defienden la decisión como necesaria para proteger los intereses del país.

El gobierno argentino, por su parte, ha mantenido que las sanciones económicas y las demandas legales son injustas y que Burford Capital, como fondo de inversión, está explotando el sistema legal internacional para obtener ganancias a costa del pueblo argentino.

La incertidumbre sobre el futuro de YPF y del BCRA persiste. Si la jueza Preska determina que ambas entidades son alter ego del Estado, esto no solo implicaría el riesgo de embargos, sino que también podría tener repercusiones a largo plazo en la estrategia económica de Argentina y en la administración de sus recursos naturales y financieros.