Hallaron tarjetas del Plan Progresar en el club presidido por el concejal de La Matanza
En un sorprendente giro de los acontecimientos, la justicia argentina ha desenterrado un escándalo que involucra a Gabriel Aranda, concejal de La Matanza y presidente de los clubes deportivos Deportivo Laferrere y Estrella Roja. La aparición de tarjetas del Plan Progresar en el club Estrella Roja, vinculado a Aranda, ha complicado aún más la ya tensa situación del concejal, que enfrenta acusaciones de estar asociado con narcotraficantes.
Gabriel Aranda es una figura conocida en La Matanza, no solo por su cargo político sino también por su rol prominente en el ámbito deportivo local. Sin embargo, su reputación se ha visto gravemente comprometida tras ser detenido bajo sospecha de vínculos con Federico Schorh, alias «Freddy», un individuo identificado como la mano derecha del infame narcotraficante Chaki Chan.
El trasfondo de esta historia se remonta a la influencia creciente del narcotráfico en el área metropolitana de Buenos Aires, donde figuras delictivas han infiltrado diversas esferas sociales y políticas. Aranda, en su calidad de presidente de clubes deportivos y concejal, ha sido señalado por los investigadores como un actor clave en una red que va más allá de simples vínculos políticos, involucrándose en actividades ilícitas que incluyen el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Durante una serie de allanamientos realizados en el club, las autoridades encontraron tarjetas del Plan Progresar, un programa gubernamental destinado a asistir a jóvenes estudiantes de bajos recursos. Este descubrimiento ha generado sospechas sobre el uso indebido de estos recursos para financiar actividades delictivas. Las tarjetas de Mercado Pago también halladas en el lugar sugieren un sistema complejo de manejo financiero que podría estar vinculado al narcotráfico.
Repercusiones Legales
El concejal Aranda fue detenido durante una sesión del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza. Su arresto fue dramático y rápidamente se convirtió en un espectáculo mediático. En un post en redes sociales antes de ser arrestado, Aranda clamó por su inocencia y denunció una persecución política. Aunque fue liberado poco después, las investigaciones continúan y se espera que las autoridades presenten más pruebas que podrían complicar su situación legal.
La jueza Alicia Vence, quien lleva el caso, ha otorgado la exención de prisión a Aranda, pero se mantiene alerta ante cualquier nueva evidencia. La fiscalía a cargo, liderada por Sebastián Basso, ha manifestado que la investigación sigue su curso y que se están recopilando más pruebas que podrían revelar una trama más profunda de corrupción y vínculos narcos.