Guillermo Francos se compromete a continuar negociando la Ley Bases con los Gobernadores

El ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, ha buscado calmar las tensiones con los gobernadores luego de las críticas realizadas por el presidente Javier Milei. En una entrevista, Milei expresó que había sido un error confiar en los mandatarios provinciales en los primeros meses de su gestión. Francos aclaró que el comentario del presidente se refería al debate sobre la primera ley de ómnibus y que las negociaciones con los gobernadores continuarán en los próximos días.

A pesar de las diferencias expresadas por Milei, Francos aseguró que las reuniones con los gobernadores y distintos bloques de legisladores continuarán con el objetivo de discutir la nueva ley bases en el Congreso antes de fin de mes. Se espera que este proyecto de ley, destinado a fomentar las inversiones, sea tratado junto al paquete fiscal como parte del Pacto de Mayo convocado por Milei para el 25 de mayo.

Sin embargo, las tensiones persisten en varios frentes. Además de las críticas de Milei hacia los gobernadores, se han abierto varios focos de discusión con las provincias. Entre ellos se encuentra la preocupación por una versión errónea que indicaba que la Casa Rosada dejaría de transferir recursos previsionales a las provincias, así como la suspensión de obras de infraestructura financiadas por el gobierno nacional.

Otro punto de controversia surgió a partir de las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien argumentó que el ajuste económico propiciado por el Gobierno está siendo financiado por las clases populares en lugar de la «casta política». Francos rechazó esta afirmación, señalando que los sectores populares están sufriendo un ajuste económico al igual que todos los argentinos.

En este contexto, la Casa Rosada considera incluir aspectos de la reforma laboral contenida en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) actualmente en suspenso por decisión judicial en la nueva ley ómnibus. Esta propuesta está siendo analizada por el Poder Ejecutivo como parte de sus esfuerzos por impulsar la inversión y modernizar la regulación laboral en el país