Estos no van a recibir comida, tienen 0 movilizaciones.

Hoy se dio a conocer la investigación llevada a cabo por el fiscal Pollicita y el juez Casanello, tras una serie de allanamientos relacionados con la extorsión por parte de grupos piqueteros. Los mensajes revelados muestran la coerción ejercida sobre los beneficiarios de planes sociales y los métodos utilizados para obtener dinero y movilizaciones políticas.

Uno de los mensajes clave dice: «Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada». Este mensaje iba destinado a Patricia Iramain, delegada, quien había advertido en un mensaje grupal la lista de nombres de aquellos que «no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones».

La investigación se inició en diciembre de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei invitó a denunciar la extorsión de grupos piqueteros a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hubo más de 13.000 llamadas, de las cuales quedaron en pie 924 denuncias. El Departamento de Crimen Organizado de la PFA llevó a cabo investigaciones que permitieron identificar a los responsables y corroborar las acusaciones.

Se determinó que, bajo la apariencia de una actividad solidaria como la administración de comedores populares, se montaron grupos que exigían dinero a los beneficiarios de planes sociales. Esta exigencia se realizaba bajo diferentes conceptos como «cápitas», «cuotas» o «alquiler de comedor». También se obligaba a los beneficiarios a vender alimentos recibidos del Estado Nacional y a participar en movilizaciones políticas.

La investigación reveló un sistema de control y sanciones sobre las víctimas, que incluía la toma de asistencia a las movilizaciones, la imposición de multas y la prohibición de retirar alimentos. Se identificaron estructuras jerárquicas piramidales dentro de los comedores, donde los integrantes debían cumplir ciertas tareas para acceder a los beneficios sociales.

La fiscalía concluyó que estas prácticas se llevaban a cabo bajo amenazas de dar de baja las prestaciones sociales o negar el acceso a los alimentos. Se establecieron diferentes niveles de responsabilidad dentro de los grupos, desde los integrantes de las listas de espera hasta los referentes que dirigían la intimidación a las víctimas y controlaban la recaudación.

La investigación continúa, y se espera que se tomen medidas legales contra los responsables de estas prácticas coercitivas.