Escándalo en La Rioja: Jueza renuncia tras ser grabada pidiendo coima millonaria
La renuncia de la jueza Norma Abate de Mazzucchelli de su cargo como presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja ha sacudido los cimientos judiciales de la provincia. La decisión llega después de que saliera a la luz un escandaloso video en el que se le veía solicitando una coima de 8 millones de pesos a cambio de acelerar el pago de una sucesión.
La denunciante, identificada como Manuela Saavedra, expuso el caso ante las autoridades después de que la jueza le exigiera la mencionada suma de dinero para liberar el pago de la herencia de su tío fallecido hace cuatro años. El video, obtenido de una cámara oculta, presenta evidencia irrefutable de la solicitud de la coima por parte de Abate de Mazzucchelli.
Según el testimonio de Saavedra, la jueza justificó su pedido alegando que su salario era insuficiente y que requería compensación por el «trabajo extra». La situación se tornó aún más comprometida cuando Abate de Mazzucchelli se reunió con Saavedra en su lugar de trabajo y reiteró la exigencia económica, prometiendo resolver el asunto al día siguiente a cambio del pago.
En el video, la jueza recalca que el pago no es una obligación, sino un reconocimiento por los servicios prestados. Sin embargo, la denunciante se muestra reacia ante la suma solicitada, lo que lleva a un tenso intercambio entre ambas partes.
El escándalo no ha quedado confinado a La Rioja, ya que Abate de Mazzucchelli también ocupaba el cargo de vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). La asociación ha tomado medidas rápidas, suspendiéndola preventivamente de su cargo y como socia mientras se lleva a cabo una investigación disciplinaria interna.
El caso ha provocado indignación entre la población y ha llevado a la ONG Poder Ciudadano a habilitar una línea telefónica para recibir nuevas denuncias relacionadas con este tipo de conductas. Mientras tanto, la renuncia de la jueza Abate de Mazzucchelli deja una marca de vergüenza en el sistema judicial argentino y destaca la importancia de la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder judicial.
