¿Es legal la excarcelación de Fujimori?

En un hecho que ha generado intensos debates tanto a nivel nacional como internacional, el expresidente peruano, Alberto Fujimori, de 85 años y cumpliendo una condena de 25 años de cárcel, fue liberado el pasado 6 de diciembre en virtud de una orden emitida por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la decisión ha desencadenado una serie de controversias jurídicas y de derechos humanos que han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a declarar en desacato a Perú, alegando que la acción del gobierno contravino sus recomendaciones.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha defendido la excarcelación afirmando que la resolución «se ajusta a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales». Argumenta que la respuesta a la Corte IDH será un «trámite muy sencillo» que no comprometerá al país de ninguna manera. En contraste, la Corte IDH sostiene que ya había ordenado no implementar el indulto a Fujimori, ya que este no cumplía con los estándares de derecho internacional necesarios en un control jurisdiccional.

La orden de no liberar al expresidente también buscaba asegurar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Hasta el 4 de marzo, Perú tiene tiempo para responder a la Corte IDH, y según Arana, lo hará «con las armas del derecho nacional e internacional».

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia han afirmado que «no ha existido desacato alguno por parte del Estado», argumentando que las sentencias relacionadas con los casos mencionados por la Corte se han ejecutado y se están implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales a los que Perú está suscrito.

Esta situación plantea preguntas cruciales sobre la interpretación de la ley y los compromisos internacionales del país, generando un intenso debate sobre la validez de la liberación de Fujimori y su conformidad con los principios de justicia y derechos humanos. El desenlace de este conflicto legal será crucial tanto para el futuro de Alberto Fujimori como para la reputación jurídica de Perú a nivel internacional.