El Salvador: Condenan a pandillero a 1,420 años de prisión por más de 70 delitos graves

En un histórico fallo judicial, la justicia salvadoreña condenó a Ángel Geovany Guzmán González, miembro de la pandilla Mara Salvatrucha, a 1,420 años de prisión. Guzmán fue hallado culpable de cometer más de 70 delitos graves, incluyendo siete homicidios agravados, 37 extorsiones agravadas y 25 conspiraciones para asesinar.

La Fiscalía General de El Salvador presentó pruebas contundentes contra Guzmán y otros 45 miembros de la Mara Salvatrucha. Estos pandilleros participaron en una serie de crímenes que incluyeron asesinatos de fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil entre 2018 y 2019. Además, extorsionaron a transportistas y vendedores de mercados, exigiendo pagos de hasta 10,000 dólares para financiar la defensa legal de pandilleros encarcelados.

Entre los condenados, destacan Francisco Borromero López Pérez con 308 años de prisión, Carlos Eduardo Díaz Rodríguez con 567 años, Hugo Alexander Argueta Bonilla con 764 años, Cristian Alfredo Majano Lazo con 277 años, Luis Enrique Osorio García con 288 años, Kevin Antonio Romero Martínez con 338 años y Joel Santiago Zelaya Pérez con 208 años.

Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador ha estado bajo un estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele, como parte de su estrategia de mano dura contra las pandillas. Esta medida ha suspendido derechos fundamentales, incluyendo la asistencia legal y la notificación de razones de detención para los acusados. Aunque esta estrategia ha sido criticada por organismos de derechos humanos, el gobierno salvadoreño ha capturado a más de 85,000 personas, la mayoría de las cuales permanecen en prisión preventiva sin sentencia.

El Salvador ha sufrido durante décadas la violencia extrema de pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que han sembrado el terror en barrios y comunidades. Estas pandillas han estado involucradas en una amplia gama de actividades criminales, desde asesinatos y extorsiones hasta tráfico de drogas y personas. El impacto de sus actividades ha sido devastador para la sociedad salvadoreña, con altas tasas de homicidios y un clima generalizado de miedo e inseguridad.

El caso de Guzmán y sus cómplices es un ejemplo del alcance y la gravedad de los crímenes cometidos por las pandillas. Los homicidios de fiscales y policías muestran la osadía con la que operan estas organizaciones, mientras que las extorsiones a transportistas y comerciantes ilustran su control sobre la economía local. El hecho de que las cuotas extorsionadas se utilizaran para financiar la defensa legal de otros pandilleros refleja una estructura bien organizada y con recursos.

La dura política de Bukele ha generado un debate internacional sobre la eficacia y la ética de tales medidas. Por un lado, algunos argumentan que la mano dura es necesaria para restaurar el orden y la seguridad en un país asediado por la violencia pandillera. Por otro lado, las críticas señalan las violaciones a los derechos humanos y la falta de debido proceso, advirtiendo que estas tácticas pueden llevar a abusos y detenciones arbitrarias.

Organismos internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el estado de excepción en El Salvador. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han instado al gobierno a restaurar los derechos fundamentales y garantizar procesos judiciales justos. Sin embargo, el gobierno de Bukele ha defendido sus acciones, argumentando que son necesarias para combatir una amenaza existencial para el país.