El proyecto de Ley Hojarasca: el intento del Gobierno por eliminar 70 leyes obsoletas
El Gobierno ha presentado ante el Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa que busca derogar 70 leyes que considera “obsoletas e inútiles” y que, según el Ejecutivo, generan “costos innecesarios para los contribuyentes y afectan las libertades individuales”. El proyecto abarca normativas sancionadas durante 16 gobiernos, tanto democráticos como militares, principalmente en el siglo XX.
La propuesta, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, tiene como objetivo “promover la seguridad jurídica y remover obstáculos que impiden el desarrollo personal y colectivo del país”. El Gobierno asegura que muchas de las leyes en cuestión responden a ideologías intervencionistas que impusieron sobrerregulaciones, afectando la libertad y la actividad económica.
Entre las claves para derogar estas leyes se destacan:
- Normas reemplazadas por otras más modernas: Se busca eliminar leyes que ya no tienen sentido debido a la existencia de normativas más completas, como las relacionadas con la vacunación.
- Leyes superadas por avances tecnológicos y económicos: Normativas que resultan obsoletas en la actualidad, como la ley que autorizaba las emisiones de televisión a color.
- Leyes que limitan las libertades individuales: Se eliminarán leyes que habilitan la intervención del Estado en ámbitos privados, como la supervisión de reuniones en domicilios particulares.
- Normas que aumentan la burocracia: Se suprimirán leyes que crean organismos innecesarios o incrementan los costos del Estado sin aportar eficiencia, como la aprobación obligatoria de etiquetas con mapas por parte del Instituto de Cartografía.
- Leyes sobre organismos que ya no existen: Normativas que continúan vigentes a pesar de que las instituciones que crearon dejaron de funcionar, como el Complejo Portuario de Ultramar y el plan de aprovechamiento energético de las mareas.
- Entidades financiadas por el Estado: La ley busca eliminar el financiamiento estatal de organismos como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, que podrán seguir operando con recursos propios.
El proyecto ha generado debate en torno a la necesidad de modernizar el marco legislativo del país y eliminar regulaciones que el Gobierno considera innecesarias o perjudiciales para el desarrollo económico y la libertad de los ciudadanos.
