septiembre 19, 2024

El Parlamento de Venezuela busca presionar al Gobierno para romper relaciones diplomáticas con España

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La creciente tensión entre Venezuela y España ha llegado a un punto crítico con la reciente propuesta del Parlamento venezolano para que el Gobierno de Nicolás Maduro rompa todas las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Este movimiento surge en respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer a Edmundo González Urrutia, un opositor exiliado en Madrid, como presidente electo de Venezuela, lo que ha sido visto por el chavismo como una «injerencia grosera» en los asuntos internos del país sudamericano.

Antecedentes del conflicto

El 11 de septiembre de 2024, el Congreso de España aprobó una proposición impulsada por el Partido Popular (PP), que pidió al Gobierno español reconocer a González Urrutia como presidente de Venezuela y promover una investigación ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de su administración. A pesar de la oposición del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), liderado por el presidente Pedro Sánchez, la proposición fue aprobada, lo que provocó una fuerte reacción por parte del Gobierno venezolano y la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

La respuesta del Parlamento venezolano

Como una medida recíproca, la Asamblea Nacional de Venezuela presentó un proyecto de acuerdo para instar al Ejecutivo a evaluar la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Este documento considera la resolución del Congreso español como una «acción injerencista» y «neofascista», promovida por la derecha española, que busca desestabilizar al país y desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las cuales Maduro fue declarado vencedor.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, solicitó la redacción de esta resolución, señalando que las actividades comerciales de empresas españolas en Venezuela deberían cesar inmediatamente como parte de la respuesta a lo que considera un «atropello brutal» por parte de España.

Impacto en las relaciones diplomáticas

Este conflicto diplomático podría escalar si el Gobierno venezolano sigue las recomendaciones del Parlamento y rompe formalmente relaciones con España. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, la propuesta ha generado preocupación tanto en la comunidad internacional como entre los empresarios españoles que operan en Venezuela.

España ha mantenido históricamente relaciones económicas importantes con Venezuela, especialmente en sectores como la energía, las telecomunicaciones y la banca. Cualquier ruptura de relaciones afectaría a empresas españolas con inversiones significativas en el país sudamericano y podría provocar una crisis económica para ambos lados.

La detención de españoles en Venezuela

La situación se agravó aún más cuando se supo que dos ciudadanos españoles fueron detenidos en Venezuela bajo la acusación de planear un atentado contra Nicolás Maduro. Esta detención ha sido vista como parte de la narrativa del chavismo que vincula a la oposición venezolana con actores extranjeros, en un intento por justificar medidas represivas contra la disidencia interna.

El papel de la comunidad internacional

El reconocimiento de González Urrutia por parte del Congreso español es un reflejo del apoyo de ciertos sectores internacionales a la oposición venezolana y su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora en Venezuela, ha denunciado que las elecciones fueron fraudulentas y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados de manera desagregada, lo que ha generado dudas sobre la legitimidad del proceso.

Además de España, otros países y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la situación en Venezuela y han pedido elecciones libres y transparentes. Sin embargo, el Gobierno de Maduro ha rechazado estas críticas, calificándolas de «intervencionistas» y «neocolonialistas».

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