El juez Casanello procesa a Eduardo Belliboni por desvío de fondos de planes sociales

El juez federal Sebastián Casanello ha procesado a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, junto a varios dirigentes de la misma organización, por administración fraudulenta. Se les acusa de desviar fondos del programa estatal «Potenciar Trabajo» para fines partidarios. Además, se les ha impuesto un embargo de $390 millones.

La investigación se originó en diciembre del año pasado cuando se habilitó una línea del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas sobre extorsiones de movimientos piqueteros. La denuncia fue llevada a los tribunales de Comodoro Py, donde se centralizó la investigación en las denuncias de la Capital Federal.

Casanello basó su fallo en chats grupales, extractos de celulares y documentación secuestrada que demostraban que los responsables de los comedores exigían a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo actividades no relacionadas con los objetivos de la política pública. Se descubrió el uso de facturación falsa y la simulación de gastos a través de empresas como «Ediciones e Impresiones Rumbos SRL» y «Coxtex SA» para disfrazar el uso verdadero de los fondos.

Los implicados negaron las acusaciones, alegando persecución política por parte del gobierno. A pesar de esto, el juez determinó que se había desviado el uso de los fondos para fortalecer actividades político-partidarias.

El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado ampliar la acusación para incluir a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y exresponsable de la Secretaría de Economía Social. Pollicita lo acusa de encabezar una «matriz de corrupción» que permitió al Polo Obrero extorsionar a beneficiarios de planes sociales y usar esos fondos para financiar sus actividades.

Este caso ha generado un gran impacto político, ya que involucra a líderes de movimientos sociales y organizaciones populares en una trama de corrupción que afecta a los programas de ayuda social del país. La decisión de Casanello marca un precedente en la lucha contra la administración fraudulenta de fondos públicos y la corrupción en programas sociales.

El proceso judicial seguirá su curso con la revisión de nuevas pruebas y posibles indagatorias a otros implicados en la red de corrupción. La resolución final determinará el grado de responsabilidad de cada acusado y las sanciones correspondientes.

El programa «Potenciar Trabajo» fue diseñado para promover la inclusión social y mejorar la empleabilidad de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Los fondos destinados a este programa son significativos, y su desvío para fines partidarios representa un grave perjuicio para las arcas del Estado y para los beneficiarios legítimos del programa.