El juez Casanello cita a indagatoria a Belliboni y otros piqueteros acusados de extorsión

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y otros miembros de la organización, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Los piqueteros están imputados por exigir dinero y participación en movilizaciones político-partidarias a cambio de mantener la ayuda estatal. La causa, que comenzó en diciembre de 2023, reveló el uso de facturación falsa y simulación de gastos. Las indagatorias se llevarán a cabo en junio, culminando con la citación de Belliboni el 25 de junio.

La causa se originó el 20 de diciembre, cuando se preparaba una movilización contra Javier Milei y el gobierno. Se recibieron denuncias anónimas en el número 134 del Ministerio de Seguridad, que fueron remitidas a los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita se centró en 45 denuncias en la Capital Federal, de las cuales siete personas fueron localizadas y cinco declararon.

Según el fiscal, bajo la apariencia de administrar comedores populares, los piqueteros exigían dinero a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Se comprobó el uso de facturación apócrifa y simulación de gastos a través de firmas como «Ediciones e Impresiones Rumbos SRL» y «Coxtex SA». Estas maniobras desvió fondos estatales para financiar actividades partidarias.

Las investigaciones revelaron que los beneficiarios eran obligados a asistir a movilizaciones y votar por un candidato específico bajo la amenaza de perder la ayuda estatal. Las organizaciones sociales actuaban como intermediarios, garantizando la inclusión social y económica de personas vulnerables. Sin embargo, se desviaron recursos públicos para intereses privados, lo que llevó al juez Casanello a citar a los implicados a indagatoria.

Las indagatorias comenzarán el 11 de junio y se extenderán hasta el 25 de junio, cuando Eduardo Belliboni será interrogado. Otros implicados incluyen a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, y Cynthia Delgado Vilches. Las pruebas reunidas por la fiscalía y el juzgado sugieren una administración indebida de recursos estatales.