El impacto del Plan Bandera en Rosario: Un cambio Radical en la Seguridad

En un esfuerzo concertado por desmantelar las organizaciones criminales y reducir la violencia, el Gobierno argentino implementó el Plan Bandera en Rosario, una ciudad que durante años se vio asolada por la violencia del narcotráfico. Tras seis meses de implementación, el Ministerio de Seguridad ha elaborado un informe que detalla los resultados de este plan, destacando una significativa disminución en los índices de criminalidad, particularmente en los homicidios.

El informe revela una reducción del 70% en homicidios en las áreas supervisadas por fuerzas federales y una disminución del 50% en toda la ciudad de Rosario en comparación con el mismo período del año anterior. Este descenso ha llevado los niveles de homicidios a los más bajos de la última década. Además, se registró una reducción del 50% en atentados contra la propiedad privada y extorsiones a comerciantes, así como una baja del 55% en heridos por armas de fuego.

El Plan Bandera fue lanzado por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, liderando la iniciativa. Se desplegaron 1.800 efectivos de fuerzas federales en los barrios más conflictivos de la ciudad, tales como Ludueña, Empalme Graneros y La Tablada, entre otros.

La estrategia incluyó operativos de saturación simultáneos y de alta visibilidad, diseñados para prevenir y perseguir el delito en las áreas más afectadas. Además, se contó con apoyo logístico, incluyendo tres helicópteros y una lancha de interceptación de origen israelí.

Una clave del éxito del Plan Bandera ha sido la coordinación entre diversas instituciones. Se realizaron reuniones semanales de análisis e inteligencia criminal, y se creó un Comando Unificado de Fuerzas Federales bajo la supervisión de la ministra Bullrich y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. Esta colaboración ha permitido unificar criterios y alinear la política criminal, integrando esfuerzos del Ministerio de Seguridad, Justicia, Defensa, y otras entidades gubernamentales.

Acciones en el Sistema Penitenciario

El Plan Bandera también ha enfocado sus esfuerzos en el sistema penitenciario, con el objetivo de cortar la comunicación entre los jefes de las organizaciones criminales y sus subordinados en el exterior. Se implementaron medidas para limitar los movimientos de presos de alto perfil y se consolidó el Grupo Operativo Conjunto (GOC Centro), con apoyo de la DEA para llevar a cabo investigaciones y operativos contra el lavado de activos y el crimen organizado.

Operativos y Controles

Durante el primer semestre del plan, se realizaron más de 220 mil controles sobre motos, principal medio de transporte utilizado por delincuentes. Estas acciones incluyeron consultas al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales y controles con binomios caninos. Se desarrollaron 270 investigaciones en curso, enfocadas en el financiamiento del narcotráfico y el lavado de activos.

Refuerzos en Fronteras y Rutas

Se fortalecieron los controles en pasos fronterizos y rutas, complementando la presencia de efectivos en barrios para decomisar drogas y otros bienes listos para la venta. También se reactivaron los controles sobre precursores químicos, esenciales para la producción de drogas.

El informe subraya las iniciativas legislativas propuestas, como la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, la ley Antimafia, la ley de legítima defensa y cumplimiento del deber, y la ley de reiterancia. Estas medidas buscan endurecer la lucha contra el narcotráfico y proteger a las fuerzas de seguridad.

Entre las detenciones destacadas se encuentra la de Alan Tripi, jefe de la banda «Los Tripis», y Mauricio «Caníbal» Laferrara, jefe de sicarios del clan Alvarado. También se capturó a Jorge Benegas, cerebro financiero de Alvarado, y se desbarató la segunda generación de la banda del Delfín Zacarías.