El Gobierno vetó la ley de Financiamiento Universitario
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 879/2024, horas después de una multitudinaria marcha en defensa de la educación pública que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones políticas y sindicales en todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial, confirmando lo que ya había sido anticipado por la Oficina del Presidente a través de un comunicado en la red social X.
La ley, sancionada por el Congreso el 12 de septiembre de 2024, buscaba aumentar los fondos destinados a las universidades nacionales para cubrir gastos de funcionamiento y salarios del personal docente y no docente. Sin embargo, según el gobierno, este proyecto carecía de una adecuada planificación fiscal, ya que no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias, lo cual violaba el marco legal establecido por la Ley de Administración Financiera. El presidente Milei afirmó que no se permitiría «ningún proyecto que aumente el gasto público sin la correspondiente partida presupuestaria.»
Reacción ante el veto y el contexto político
La movilización de este miércoles por la tarde fue una respuesta directa al veto anunciado. En Buenos Aires, miles de manifestantes se congregaron frente al Congreso de la Nación en defensa de la educación pública. En el acto central, encabezado por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se leyó un documento titulado “La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”. El texto denunció la crisis de financiamiento, el deterioro de las condiciones salariales y de vida de los estudiantes, y exigió que no se vete la ley de financiamiento universitario.
El documento también destacó la importancia estratégica de las universidades nacionales y la educación pública para el desarrollo del país, alertando sobre el impacto que podría tener el presupuesto educativo previsto para 2025. Asimismo, se rechazó la campaña de desprestigio que, según los manifestantes, el gobierno de Milei ha impulsado contra las universidades públicas.
Entre los asistentes a la marcha se encontraron destacados dirigentes políticos de la oposición, como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. La Oficina del Presidente no tardó en criticar la presencia de estas figuras, calificando su participación como parte de un «nuevo frente de izquierda populista» que busca obstruir el plan económico del gobierno.
El argumento del gobierno
El veto a la ley se sustentó en la falta de claridad respecto a cómo se financiaría el incremento presupuestario para las universidades. Según el comunicado oficial, el proyecto no cumplía con los requisitos del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley que incremente el gasto público debe especificar las fuentes de recursos que se utilizarán para su financiamiento. El artículo 126 del reglamento de la Cámara de Senadores también fue citado, recordando que los proyectos que impliquen erogaciones deben justificar su viabilidad económica antes de ser discutidos en el recinto.
En el comunicado, el gobierno criticó duramente a los legisladores que impulsaron la ley, acusándolos de practicar “populismo demagógico” con los recursos del Estado. Según la Oficina del Presidente, la única manera responsable de discutir el financiamiento de las universidades es en el marco del Presupuesto Nacional 2025, que deberá ser debatido en las próximas semanas.
El presidente Milei, por su parte, tomó una postura desafiante en sus redes sociales, afirmando que “la universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”. Sus declaraciones reflejan una visión crítica del sistema universitario actual, al que acusa de ser ineficiente y de depender excesivamente del Estado sin generar los resultados esperados.
El conflicto por el financiamiento universitario
La controversia sobre el financiamiento de las universidades nacionales no es nueva. En los últimos años, las instituciones educativas han advertido sobre una progresiva disminución en los fondos asignados, lo que ha afectado tanto la infraestructura como los salarios del personal docente y no docente. Esta situación ha generado diversas protestas a lo largo del país, impulsadas por estudiantes, académicos y sindicatos que exigen un mayor compromiso por parte del gobierno en la inversión en educación.
La ley de financiamiento universitario vetada por Milei fue vista como una respuesta a estos reclamos, al establecer un aumento en los recursos destinados al sistema universitario. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre cómo financiar este incremento ha provocado una profunda división entre el gobierno y las universidades, así como dentro del propio ámbito político.
El gobierno, a través del ministro de Economía y otros funcionarios, ha señalado que cualquier medida que aumente el gasto público sin una planificación adecuada pondrá en riesgo los esfuerzos por reducir el déficit fiscal y estabilizar la economía. Esta postura ha sido fuertemente criticada por la comunidad educativa, que considera que la educación debe ser una prioridad innegociable.
