El gobierno publicó el veto a la Ley de movilidad y mantuvo el bono de 70 mil pesos para Jubilados
El reciente veto del gobierno argentino a la ley de movilidad jubilatoria, acompañado por el anuncio de mantener el bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados, ha generado un amplio debate en el país. Esta decisión, tomada en un contexto económico complicado, refleja las tensiones entre las necesidades de los sectores más vulnerables y las limitaciones fiscales del Estado.
La ley de movilidad jubilatoria, aprobada por el Congreso, buscaba ajustar automáticamente las jubilaciones y pensiones de acuerdo con la inflación y los ingresos fiscales. Este sistema, que pretendía ofrecer una mayor previsibilidad y protección a los jubilados frente a la pérdida de poder adquisitivo, fue impulsado por diversos sectores que argumentaban que la fórmula actual no alcanzaba para mantener el nivel de vida de los jubilados en un contexto de alta inflación.
El gobierno justificó el veto argumentando que la nueva ley de movilidad no era sostenible desde un punto de vista fiscal en las condiciones actuales. Según el Ejecutivo, la fórmula propuesta por el Congreso implicaba un gasto adicional significativo que no podía ser cubierto sin poner en riesgo otras áreas prioritarias del presupuesto.
El presidente también argumentó que, en lugar de implementar ajustes automáticos que podrían desestabilizar las finanzas públicas, era preferible mantener medidas focalizadas como el bono de 70 mil pesos, que se distribuye entre los jubilados de menores ingresos.
El bono de 70 mil pesos, anunciado como parte de un paquete de medidas para aliviar la situación económica de los sectores más vulnerables, se ha convertido en un tema central del debate. Para muchos jubilados y pensionados, este bono representa una ayuda importante para enfrentar la inflación, aunque también es visto como una solución temporal que no resuelve los problemas estructurales del sistema jubilatorio.
La asignación del bono ha sido bien recibida por las organizaciones de jubilados, que ven en esta medida un reconocimiento a las necesidades urgentes de quienes perciben las jubilaciones más bajas. Sin embargo, estas organizaciones también han expresado preocupación por la falta de un mecanismo de actualización de haberes más estable y permanente.
