El Gobierno impulsa el arancelamiento de universidades públicas para estudiantes extranjeros
En medio de un intenso debate sobre el financiamiento de la educación pública en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar con un proyecto que busca implementar el arancelamiento de las universidades públicas para los estudiantes extranjeros. La medida, impulsada por los principales dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), será enviada al Congreso en los próximos días y ha generado un amplio debate tanto en el ámbito político como en la sociedad.
El anuncio del proyecto
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó que esta medida es «razonable» y tiene como objetivo que los extranjeros que acceden a la educación superior en Argentina contribuyan económicamente. Según Menem, aquellos que vienen de otros países a estudiar en el sistema universitario argentino «nunca han pagado impuestos durante toda su vida» y, por lo tanto, considera que es justo que deban abonar algún tipo de arancel para costear los servicios que el Estado provee.
En declaraciones recientes, el diputado señaló: «Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido paguen algo». Además, agregó que muchos estudiantes eligen Argentina precisamente por la accesibilidad de su educación universitaria, algo que no siempre encuentran en sus países de origen. Por ello, considera razonable que se les imponga un costo por utilizar los recursos de un sistema educativo que no han ayudado a financiar con sus aportes fiscales.
La marcha universitaria y el trasfondo del proyecto
El anuncio del proyecto llega poco después de una multitudinaria marcha organizada por estudiantes, docentes y diversos sectores de la comunidad universitaria. Los manifestantes expresaron su rechazo a las medidas del gobierno que consideran perjudiciales para el sistema de educación pública, incluidas posibles reformas que podrían reducir el presupuesto o modificar las condiciones de gratuidad.
Sin embargo, desde La Libertad Avanza aclararon que el principio de gratuidad seguirá garantizado para los estudiantes argentinos y residentes permanentes. La intención del gobierno, explicaron, no es desfinanciar el sistema educativo, sino más bien garantizar una mayor rendición de cuentas por parte de las universidades sobre el uso de los fondos públicos que reciben.
En este sentido, se busca modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, que regula el funcionamiento de las instituciones de educación superior en Argentina. El cambio propuesto permitiría que las universidades nacionales y estatales establezcan aranceles para los servicios de enseñanza de grado o trayectos educativos para aquellos estudiantes que no sean argentinos nativos o que no cuenten con residencia permanente en el país.
Detalles de la reforma educativa
El proyecto de arancelamiento es solo una parte de un conjunto más amplio de reformas educativas que el gobierno de Milei planea enviar al Congreso. Entre los puntos principales de la propuesta se destacan:
- Examen al finalizar la educación secundaria: Fortalecer la política de evaluación mediante el programa «Aprender», que busca evaluar el rendimiento académico de los estudiantes al final de su educación secundaria.
- Educación a distancia: Flexibilizar las restricciones para la educación a distancia en el nivel secundario, permitiendo la enseñanza híbrida (presencial y a distancia) a partir del segundo ciclo de primaria.
- Asignación de recursos: Establecer principios básicos para la asignación de recursos a las universidades, buscando una distribución más eficiente y equitativa del presupuesto estatal destinado a la educación superior.
- Aranceles para estudiantes extranjeros: Como se mencionó, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, lo que incluiría tanto a los estudiantes de grado como aquellos que cursen trayectos educativos específicos.
- Evaluaciones externas: Las universidades públicas deberán someterse a evaluaciones externas dentro de los primeros seis años de su normalización o reconocimiento, y repetir dichas evaluaciones cada 10 años. Esto busca garantizar la calidad educativa y la transparencia en el uso de los fondos.
- Recaudación de fondos: Se incentivará a las instituciones educativas a recaudar fondos a través de contribuciones de particulares, empresas y organizaciones sin fines de lucro, siempre con el consentimiento de las autoridades educativas.
- Educación técnica: Propuesta de reformar la duración de la educación técnica, equiparándola o extendiéndola un año más respecto al nivel secundario de cada jurisdicción, para mejorar la formación de los estudiantes en carreras técnicas.
