El Gobierno impulsa cambios en Seguridad.

En una conferencia de prensa conjunta, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron un conjunto de medidas legislativas destinadas a fortalecer la seguridad pública en Argentina. Estas medidas incluyen cambios significativos en la ley para permitir nuevas facultades a las Fuerzas Armadas y la imposición de penas de prisión para quienes organicen piquetes y bloqueos.

El objetivo primordial de estas iniciativas es devolver la tranquilidad y la paz a los ciudadanos, especialmente en áreas afectadas por la delincuencia y la perturbación del orden público, como es el caso de la ciudad de Rosario.

El paquete legislativo propuesto incluye la modificación de la Ley de Seguridad Interior para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. Esto se haría en situaciones específicas, como actos terroristas, con la aprobación del Comité de Crisis y la anuencia del gobernador de la provincia correspondiente.

En cuanto a los piquetes y bloqueos, se busca modificar el Código Penal para establecer penas de prisión para los organizadores de estos actos que obstaculicen el normal funcionamiento de los servicios públicos y el transporte. Se propone que las penas sean más severas si se causan daños físicos a personas o propiedad, o si se utiliza intimidación para obligar a otros a participar en la protesta.

Además, se pretende crear la figura penal para quienes dirijan, organicen o coordinen manifestaciones que afecten la circulación o el transporte público o privado, con penas de prisión de hasta cinco años. Estas penas se incrementarían si se utilizan métodos coercitivos o si se causan daños significativos.

El proyecto también establece que los organizadores serán responsables por los daños ocasionados durante las protestas y que se impondrán multas a aquellos que corten el tránsito o permitan la participación de menores sin la debida supervisión.

Además de estas medidas, se propone la creación de la ley Antimafia para combatir las organizaciones criminales y la modificación en el registro de ADN para expandir su alcance a todos los imputados, no solo a condenados por delitos sexuales.

En resumen, estas medidas legislativas buscan fortalecer el estado de derecho, garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir la impunidad en el país. Se espera que el proyecto sea presentado en el Congreso para su pronta aprobación.