El Gobierno implementa evaluaciones para empleados públicos: cómo funcionará el nuevo sistema

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El Gobierno Nacional presentó el reglamento oficial para evaluar a los empleados públicos, un requisito que deberán cumplir quienes deseen renovar sus contratos en el Estado. Este nuevo sistema, que inicia en los organismos estatales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), abarcará a unos 40.000 trabajadores.

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública oficializó el reglamento a través de la resolución 26/2024 publicada en el Boletín Oficial. El objetivo principal es reorganizar el empleo público, promoviendo transparencia, eficiencia y calidad en la gestión estatal, en línea con la Ley N° 27.742 promulgada este año, que busca optimizar la estructura administrativa y reducir el déficit fiscal.

Detalles del proceso evaluativo

  • Modalidad: Los exámenes serán presenciales, digitales y anónimos, asegurando que la identidad de los evaluados solo se revele tras la calificación.
  • Inscripción: Los interesados deben registrarse en el sitio oficial Argentina.gob.ar – Sistema de Evaluación Pública (SEP), donde podrán solicitar turnos para rendir la prueba.
  • Requisitos: Los empleados recibirán credenciales específicas para el día del examen, que deberán presentar junto con su DNI. La ausencia sin justificación será considerada como un intento fallido.
  • Intentos anuales: Cada trabajador contará con hasta tres oportunidades al año para aprobar la evaluación.

Además, las personas con certificado único de discapacidad (CUD) estarán exentas temporalmente hasta que se garantice la accesibilidad plena del sistema.

Próximos pasos

Aunque aún no se ha definido el cronograma oficial, las fechas serán publicadas en la página web del sistema. Las evaluaciones comenzarán en el AMBA, con posibilidad de expansión a otras regiones del país en etapas posteriores.

El proceso forma parte de un plan liderado por el Gobierno para mejorar la atención al ciudadano y fomentar un empleo público más ágil y eficaz. La implementación de estas medidas se enmarca en las políticas de modernización del Estado promovidas por las autoridades.

Mientras tanto, los sindicatos estatales y trabajadores evalúan el impacto de estas medidas, destacando tanto sus oportunidades como los desafíos asociados a su ejecución.

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