El Gobierno desregulará el transporte de media y larga distancia

En una medida que promete cambiar radicalmente el panorama del transporte de media y larga distancia en Argentina, el Gobierno nacional anunció la desregulación del sector. Esta decisión permitirá una mayor flexibilización en la operación de empresas, habilitando la entrada de nuevos competidores y eliminando gran parte de las restricciones vigentes hasta ahora, como la regulación de rutas, recorridos y precios. Las empresas ya no estarán sujetas a los mismos requisitos que caracterizaban el sistema actual, lo que ha generado tanto expectativas de mayor competencia como preocupaciones por una posible saturación del mercado.

Fin del transporte como servicio público

El principal cambio radica en que el transporte de media y larga distancia dejará de ser considerado un servicio público. Esto implica que las empresas ya no tendrán la obligación de garantizar la conectividad regular entre determinados destinos, tal como lo exige la ley que hasta ahora regulaba el sector. A partir de la desregulación, cualquier compañía que cumpla con los requisitos básicos —como estar registrada y contar con vehículos habilitados— podrá operar libremente sin la necesidad de seguir rutas fijas ni ofrecer frecuencias obligatorias.

Según informó la Secretaría de Transporte, la medida fue trabajada en conjunto con el Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, y será oficializada en las próximas horas a través de su publicación en el Boletín Oficial. Desde el Gobierno argumentan que esta liberalización tiene como objetivo aumentar la oferta de servicios y promover una mayor competencia de precios, lo cual debería, a largo plazo, beneficiar a los usuarios.

Ingreso de nuevas empresas y cambios en los servicios

Uno de los aspectos más significativos de esta reforma es la posibilidad de que nuevas empresas ingresen al mercado. A partir de la entrada en vigencia de la normativa, compañías que operen vehículos más pequeños, como combis, también podrán competir en rutas de media y larga distancia, hasta ahora dominadas por las grandes empresas de micros. Además, se les permitirá recoger pasajeros en puntos estratégicos como aeropuertos y puertos, algo que antes estaba prohibido, lo que supone una ventaja competitiva importante.

El cambio, sin embargo, no ha sido bien recibido por todos los actores del sector. Las empresas de transporte establecidas, nucleadas en diversas cámaras, han expresado su preocupación por la «saturación» del mercado y advierten sobre los riesgos de una apertura demasiado rápida. «No pedimos la desregulación, sino la modernización de las normativas vigentes», declaró un representante de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte de Pasajeros (Aaeta). «Una apertura gradual es fundamental para evitar una competencia desleal que podría poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales».

Fin de las bandas tarifarias y libertad de precios

Otro de los puntos clave de la desregulación es la eliminación de las bandas tarifarias que fijaban precios mínimos y máximos para los pasajes. Las empresas ahora tendrán la libertad de ajustar sus tarifas según la demanda y los costos operativos, lo que podría derivar en una mayor competencia de precios. Si bien esto podría beneficiar a los usuarios con tarifas más competitivas en algunas rutas, también existe el riesgo de que en destinos menos rentables los precios se disparen o, peor aún, que los servicios dejen de operar debido a la falta de rentabilidad.

Desde el Ejecutivo, confían en que la desregulación tendrá efectos positivos en el corto y mediano plazo, ya que la mayor competencia debería redundar en mejores precios y una mayor oferta de rutas. «Estamos convencidos de que este cambio va a permitir que más empresas ingresen al mercado, ofreciendo mejores precios y un servicio más amplio», afirmaron desde la cartera de Transporte.

Reacción de las cámaras empresariales

A pesar del optimismo del Gobierno, las empresas que actualmente operan en el sector han levantado la voz en señal de alerta. En un comunicado, la Aaeta destacó la necesidad de tomar medidas adicionales para asegurar una transición ordenada. «Cualquier apertura del mercado debe ser gradual», advirtieron, y señalaron una serie de factores que podrían complicar la implementación de la medida, como la infraestructura limitada en las terminales de ómnibus, los costos operativos y la necesidad de mantener un servicio eficiente.

Entre las principales demandas de las cámaras empresariales se encuentran la exención de impuestos como el de Ingresos Brutos, la actualización de normativas obsoletas y la reducción de los costos en peajes y terminales. Asimismo, solicitan la implementación de un sistema que minimice o compense las gratuidades que deben ofrecer, lo que supone una carga significativa en sus costos operativos.