El Gobierno contra el Juez Casanello: Distribución de alimentos retenidos

El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha entrado en una disputa pública con el juez Sebastián Casanello. La controversia gira en torno a la distribución de alimentos retenidos en depósitos estatales y la supuesta interferencia judicial en políticas públicas.

La subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, anunció que el gobierno comenzará a distribuir los alimentos almacenados en los depósitos de Tucumán y Villa Martelli a comedores y merenderos en todo el país. Estos alimentos habían sido retenidos en el marco de una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en su adquisición y distribución. La investigación, dirigida por el juez Casanello, apuntaba a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acusada de gestionar ineficientemente estos recursos esenciales.

Gianni criticó duramente al juez, acusándolo de actuar con motivaciones políticas. «No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública», afirmó Gianni, defendiendo la gestión del gobierno y asegurando que no había alimentos vencidos, aunque sí algunos próximos a vencer. La funcionaria también destacó que se había firmado un convenio con la fundación CONIN y que, en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ejército distribuiría los alimentos.

Las Declaraciones de Leila Gianni

Leila Gianni, quien es una figura clave en la actual administración y una posible reemplazante del exsecretario de Niñez, Pablo de la Torre, argumentó que el gobierno está implementando una nueva política pública alimentaria. Esta política se enfoca en la asistencia directa a los beneficiarios, eliminando a los intermediarios, a quienes acusó de estar involucrados en negociados y manejos irregulares. Gianni mencionó que algunos alimentos, como aceite y yerba, habían sido adquiridos a través de licitaciones irregulares, y anunció que el gobierno presentaría otra denuncia al respecto.

Además, Gianni enfatizó que la apelación a la medida judicial impuesta por Casanello, que obligaba al gobierno a presentar un plan de distribución en 72 horas, se basaba en el principio de separación de poderes. Según el gobierno, la intervención judicial en cuestiones políticas alteraría el equilibrio institucional establecido por la Constitución Nacional.

El Nuevo Sistema de Compra y Distribución

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló el nuevo sistema de compra de alimentos que estará a cargo de Federico Sturzenegger. Este sistema incluye la contratación de un seguro que obliga a las empresas alimenticias a proveer productos de primera necesidad en caso de emergencia, eliminando la necesidad de almacenar grandes cantidades de alimentos en depósitos estatales. Este sistema, conocido en términos financieros como «call option», busca garantizar la disponibilidad de alimentos en situaciones excepcionales sin incurrir en los costos y riesgos de almacenamiento prolongado.

El presidente Milei explicó que este nuevo enfoque permitirá al gobierno ahorrar en costos de almacenamiento y evitar problemas relacionados con el vencimiento de alimentos. Además, destacó que la política social se modernizaría, asegurando que los recursos lleguen directamente a quienes más los necesitan, sin pasar por intermediarios.

Las declaraciones de Gianni y Adorni reflejan la postura del gobierno frente a lo que consideran una injerencia indebida del poder judicial en cuestiones de política pública. Sin embargo, la disputa con el juez Casanello también ha generado críticas por parte de la oposición y organizaciones sociales, que cuestionan la transparencia y eficacia del manejo gubernamental de los recursos alimentarios.

El juez Casanello, conocido por su firmeza en investigaciones de alto perfil, aún no ha respondido públicamente a las acusaciones del gobierno. Su investigación inicial se centró en denuncias de mal manejo y posibles actos de corrupción en la compra y distribución de alimentos, un tema de gran sensibilidad en un país que enfrenta altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas.

El gobierno ha confirmado que presentará sus argumentos en la audiencia programada en la sala 2 de la Cámara Federal, donde apelará la medida cautelar impuesta por Casanello. Esta audiencia será crucial para determinar el futuro de la política de distribución de alimentos y la relación entre los poderes ejecutivo y judicial en la gestión de políticas públicas.

El resultado de esta audiencia podría tener implicaciones significativas no solo para el manejo de recursos alimentarios, sino también para el equilibrio institucional y la autonomía de las políticas públicas frente a la supervisión judicial.