El Gobierno auditará el registro de comedores controlados por piqueteros: investigan desvíos de alimentos

El Gobierno argentino, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), ha anunciado una exhaustiva auditoría sobre los comedores comunitarios y merenderos que se inscribieron en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM) durante el gobierno de Alberto Fernández. La medida surge tras la detección de irregularidades en la gestión de estos comedores, muchos de los cuales están vinculados a movimientos sociales y piqueteros. Según datos oficiales, había más de 40.000 comedores «preinscriptos», de los cuales, una proporción significativa nunca funcionó como tal, a pesar de haber recibido toneladas de alimentos destinados a asistir a las poblaciones más vulnerables del país.

Comedores “fantasma”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó una denuncia ante la Justicia en la que reveló que muchos de los espacios registrados en el ReNaCoM «no existían» y que, a pesar de ello, recibían grandes cantidades de alimentos financiados por el Estado. Estos alimentos eran distribuidos a través de organizaciones sociales, que debían rendir cuentas del destino de los mismos. Sin embargo, las auditorías internas revelaron que solo el 7% de los comedores registrados cumplían con esta obligación.

En la exposición ante el Parlamento del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posee, realizada en mayo de 2024, se dieron a conocer los resultados preliminares de un relevamiento iniciado en febrero de ese mismo año. Durante este proceso, se verificaron 2.193 espacios que habían solicitado su inscripción en el ReNaCoM, de los cuales solo 1.161 pudieron ser identificados efectivamente como comedores o merenderos. Los demás no cumplían con los requisitos, ya sea porque habían dejado de funcionar o porque los datos proporcionados no coincidían con la realidad, incluyendo direcciones inexistentes o falsas.

La gravedad de la situación radica en que muchos de estos comedores, que en realidad no existían, recibieron millonarios fondos en alimentos. Estos insumos, adquiridos por el Estado para ser distribuidos entre los sectores más vulnerables, nunca llegaron a su destino final. En cambio, se sospecha que fueron desviados para otros fines, como el apoyo a estructuras territoriales de los movimientos sociales o como compensación para los beneficiarios de planes sociales que participaban en marchas y piquetes organizados por estas agrupaciones.

Auditorías y denuncias

El gobierno actual, bajo la gestión de Javier Milei, ha puesto en marcha auditorías en distintas áreas del Estado, en busca de irregularidades heredadas de la administración anterior. En diciembre de 2023, mediante el Decreto 126/2023, se instruyó a la SIGEN, bajo la dirección de Miguel Blanco, para auditar los distintos ministerios y secretarías, incluido el extinto Ministerio de Desarrollo Social, que durante el gobierno de Fernández fue liderado por Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Los resultados preliminares de estas auditorías señalaron «falencias recurrentes en compras y contrataciones» y la falta de un «mapa de riesgo nutricional» para los comedores escolares.

Uno de los puntos más preocupantes que detectaron las auditorías fue el desvío de alimentos de los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social hacia comedores que nunca funcionaron. Este hallazgo motivó la presentación de denuncias en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. La denuncia presentada por la subsecretaria Legal, Leila Gianni, y el director de Asuntos Jurídicos de Capital Humano, Ariel Romano, incluye una lista de comedores auditados donde se comprobó que no existían. Por ejemplo, en la causa se menciona que el comedor «Los Angelitos», que supuestamente había recibido miles de kilos de alimentos, en realidad no operaba.

La documentación presentada en el expediente judicial también menciona otros casos similares, como los comedores «Bichitos de Luz» y «Soplo de Vida», que recibieron cientos de unidades de mercadería a través de la Asociación Civil Orgullo Argentino de Promoción Social, pero que durante las auditorías se comprobó que no existían.

La magnitud del fraude

El caso ha sido caratulado como «defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público». La investigación abarca no solo a los responsables directos de los comedores que recibieron los alimentos, sino también a las autoridades del gobierno anterior, que deberían haber supervisado la correcta distribución de la ayuda alimentaria.

Uno de los elementos claves en la investigación es la falta de controles en la trazabilidad de los alimentos. Según datos del Ministerio de Capital Humano, los movimientos sociales, como la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Polo Obrero, administraban entre 12 y 14 toneladas de alimentos por mes, lo que plantea serias dudas sobre el destino final de esos productos.

Además de la defraudación directa al Estado, se sospecha que estos alimentos pudieron haber sido utilizados con fines políticos, como la movilización de personas para participar en manifestaciones a cambio de comida o de la promesa de mantener los beneficios de los planes sociales. La falta de un control adecuado por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, junto con la ausencia de un seguimiento en la ejecución de los programas, ha permitido que se cometan estos fraudes a gran escala.

La respuesta del Gobierno

Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno de La Libertad Avanza ha tomado cartas en el asunto. Se espera que las nuevas auditorías que realizará la SIGEN arrojen luz sobre el destino final de los alimentos desviados y sobre el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados. La ministra Sandra Pettovello, que actualmente se encuentra en el Vaticano tras reunirse con el Papa Francisco, ha prometido colaborar con la Justicia proporcionando los nombres de los funcionarios que estuvieron a cargo del control de los comedores durante la administración anterior.

El fiscal Ramiro González también ha solicitado que se investigue el rol de los movimientos sociales en este esquema de desvío de alimentos. Se sospecha que algunas de estas organizaciones utilizaron los comedores «fantasma» para fortalecer su base territorial y política, desviando recursos que debían llegar a los sectores más necesitados del país.