El gobierno argentino deja de subsidiar colectivos en CABA: 32 líneas afectadas y el impacto en los usuarios

El gobierno nacional ha anunciado una medida que marcará un cambio significativo en el financiamiento del transporte público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A partir de 2024, se dejarán de subsidiar las 32 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la ciudad, transfiriendo la responsabilidad al gobierno porteño. Esta decisión, que forma parte de un proceso de descentralización del financiamiento del transporte público, ha generado un intenso debate sobre sus implicancias, especialmente en un contexto económico complicado.

El subsidio al transporte público en Argentina ha sido un tema recurrente en la política económica del país. Desde hace años, el gobierno nacional ha subvencionado el costo del transporte público en todo el país, incluyendo las líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en un contexto de restricciones fiscales y la necesidad de reducir el déficit, la administración ha decidido transferir esta responsabilidad al gobierno de CABA.

El argumento central detrás de esta decisión es la equidad en la distribución de los recursos. Según fuentes oficiales, el gobierno nacional busca concentrar los subsidios en las áreas del país donde el acceso al transporte es más limitado y donde la infraestructura es menos desarrollada. En CABA, donde existe una mayor concentración de recursos y una infraestructura de transporte más robusta, se considera que el gobierno local está en mejor posición para asumir este gasto.

Las 32 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires serán las afectadas por esta medida. Estas líneas son cruciales para el transporte diario de millones de porteños, conectando distintos barrios y facilitando el acceso a servicios esenciales como hospitales, escuelas y centros de trabajo.

Entre las líneas afectadas se encuentran algunas de las más utilizadas por los habitantes de la ciudad, como la línea 41, que conecta los barrios de Belgrano y Flores, o la línea 59, que une el barrio de Palermo con el centro de la ciudad. La preocupación inmediata es que, sin los subsidios, las tarifas de estas líneas podrían aumentar significativamente, afectando el bolsillo de los usuarios en un contexto de alta inflación y estancamiento económico.

El anuncio del gobierno nacional fue recibido con críticas por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, se argumenta que esta medida no solo afectará a los usuarios del transporte público, sino que también es una carga financiera que la ciudad no está en condiciones de asumir sin comprometer otros servicios públicos.

Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa, expresó su descontento, calificando la medida de «injusta» y «unilateral». Según él, el gobierno nacional está utilizando la situación fiscal para descargar responsabilidades en la Ciudad de Buenos Aires sin ofrecer una compensación adecuada. «El gobierno de la ciudad está comprometido con garantizar un transporte público accesible para todos los porteños, pero esta medida pone en riesgo nuestra capacidad de hacerlo sin incrementar las tarifas», afirmó.

El gobierno de CABA ha señalado que buscará alternativas para mitigar el impacto de la medida. Una opción que se ha mencionado es la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, aunque esto podría implicar ajustes en otros sectores del presupuesto de la ciudad o la implementación de nuevos impuestos.