Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, enfrentará juicio oral por extorsión y desvío de fondos de planes sociales

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y de otros 14 implicados en una causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos provenientes de planes sociales. El tribunal rechazó las apelaciones de los acusados, dejando el camino despejado para que enfrenten un juicio oral y público.

Según las investigaciones, Belliboni y su equipo habrían utilizado su posición de poder para exigir a beneficiarios de programas sociales aportes económicos y participación obligatoria en movilizaciones, bajo amenaza de retirarles los subsidios si no cumplían. Además, se les imputa haber desviado recursos públicos para financiar actividades políticas y electorales de su organización.

Los delitos que se les atribuyen incluyen administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.

La causa se originó en diciembre de 2023, tras denuncias anónimas realizadas al número 134 del Ministerio de Seguridad. Beneficiarios de los planes sociales declararon bajo identidad reservada que eran obligados a marchar, entregar dinero y, en algunos casos, mostrar evidencia de haber votado por los candidatos del Polo Obrero durante las elecciones primarias (PASO).

Chats y audios presentados como pruebas en el expediente refuerzan las acusaciones. En ellos, líderes de la organización instruían a sus miembros sobre cómo coordinar movilizaciones y recaudar dinero de los beneficiarios.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, concluyeron que los procesamientos fueron correctamente confirmados y que las apelaciones de los acusados carecían de fundamentos sólidos.

“La decisión recurrida no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N.”, afirmaron los jueces, destacando que las defensas no lograron justificar un agravio de índole federal que ameritara revisión.

Este caso pone en la mira la transparencia en el manejo de planes sociales y el rol de las organizaciones en la administración de estos recursos. Para la Justicia, el desvío y las amenazas ejercidas a personas en situación de vulnerabilidad constituyen un abuso de poder que no puede ser tolerado.