Dólar tarjeta supera los $950.

Una nueva resolución de la AFIP genera tensiones en medio de la transición gubernamental.

En un movimiento sorpresivo, el Gobierno argentino, liderado por Alberto Fernández, ha anunciado un aumento en los impuestos asociados al dólar tarjeta, elevando el tipo de cambio para compras en el exterior a la cifra de $950.

Resolución de la AFIP impone tasas de percepción elevadas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió la Resolución General 5450/2023, publicada en el Boletín Oficial este jueves, estableciendo tasas de percepción significativas para el dólar tarjeta. Según la normativa, se aplicará una percepción del 100% del Impuesto a las Ganancias y un 25% de Bienes Personales, además del ya existente 30% del impuesto PAIS. Este cambio afecta también al ahorro de dólares, aumentando la presión fiscal sobre los ciudadanos.

Impacto en los consumidores y dólar tarjeta cerca de los 1,000 pesos.

La tarjeta en dólares, utilizada para las transacciones con tarjetas de crédito o débito en el extranjero, experimenta un aumento considerable. Con la nueva carga impositiva, este tipo de cambio se acerca a los 1,000 pesos, generando preocupaciones entre los consumidores.

Amplio espectro de consumos afectados.

La medida afecta a diversos conceptos, incluyendo el «dólar turista», «dólar solidario» y hasta el «dólar Netflix». Entre los consumos impactados se encuentran la compra de dólares ahorro, pagos con pesos de consumos en moneda extranjera realizados con tarjetas, servicios en el exterior contratados por agencias de viajes y turismo, servicios de transporte fuera del país, y la importación de ciertos productos suntuarios.

Entrada en vigor inmediata y preguntas sobre aplicación retroactiva.

La resolución establece que las percepciones del 100% entrarán en vigor a partir del 23 de noviembre de 2023. Aunque técnicamente la percepción se realiza en el momento del pago, se espera que los cambios afecten a todas las operaciones realizadas desde la publicación de la norma. , generando incertidumbre sobre las compras realizadas con anterioridad pero que aún no han sido pagadas.

Esta decisión del Gobierno argentino, en medio de una coyuntura económica y política delicada, agrega un nuevo elemento de preocupación a los ciudadanos y empresas que dependen de transacciones en moneda extranjera.