Desclasificación del informe de inteligencia sobre el atentado a la AMIA.

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El juez federal Ariel Lijo ha declarado de acceso público el denominado «informe Toma», elaborado por la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación (SIDE) bajo la dirección de Miguel Ángel Toma, ex jefe de la SIDE. Este informe confirma la participación de Irán en la organización del atentado terrorista contra la AMIA en 1994, que causó la muerte de 85 personas.

La desclasificación de este informe se produce días antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Argentina por la falta de justicia en el caso AMIA. Este informe, que contiene información proporcionada por la CIA, ofrece detalles sobre la participación de Irán y la metodología de operación de las células terroristas, incluyendo la implicación de Samuel El Reda, un líder de Hezbollah.

El «informe Toma» es un resumen de 200 páginas que reúne la información clave de una investigación mucho más amplia que abarca cerca de 10,000 folios. Esta documentación fue esencial para el juicio oral y proporciona una visión completa de las redes de inteligencia iraníes y sus operaciones en América Latina, particularmente en Paraguay, Chile y Brasil.

Miguel Ángel Toma detalló que el informe expone cómo las empresas de cobertura y las mezquitas sirvieron como bases operativas para planificar y ejecutar el atentado. Este documento fue fundamental para que Alberto Nisman, al frente de la UFI AMIA, iniciara su investigación y para que, 20 años después, la Cámara de Casación declarara a Irán como un estado terrorista.

Implicaciones para la Justicia

El juez Lijo también intimó a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con el artículo 5 del Decreto PEN n° 213/20, que otorga acceso a los familiares de las víctimas a todo el material clasificado por los servicios de inteligencia. Además, ordenó una inspección judicial en el edificio Barolo para evaluar la conservación de la documentación.

Este informe no solo refuerza las acusaciones contra los iraníes Moshen Rabbani y Moshen Rezai, sino que también proporciona una base probatoria sólida para futuras decisiones judiciales. La desclasificación y publicación del informe se sustentan en decisiones administrativas previas y en la necesidad de garantizar el acceso a la información a las partes interesadas, especialmente a los familiares de las víctimas.

Las conclusiones del «informe Toma» coinciden con una investigación realizada por el Mossad, revelada en 2022, que también atribuye la responsabilidad del atentado a la AMIA a Irán y Hezbollah. El Mossad concluyó que altos funcionarios de Irán y Hezbollah ordenaron y ejecutaron el atentado, con operativos en la Triple Frontera y en Argentina desde 1988.

El informe del Mossad destaca que los operativos de Hezbollah salieron de Argentina antes del atentado y que no hubo argentinos involucrados en la planificación o ejecución del ataque. Este modus operandi de Hezbollah ha sido similar en otros atentados frustrados, como en La Paz, Bolivia, en 2016.

La publicación del «informe Toma» y la investigación del Mossad refuerzan las pruebas contra Irán y Hezbollah, subrayando la complejidad y el alcance de sus operaciones en América Latina. Estas revelaciones no solo tienen implicaciones legales y políticas, sino que también afectan las relaciones internacionales y la percepción pública sobre el terrorismo y la seguridad nacional.

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