Denuncian cooptación del Estado por el Movimiento Evita.

Una acalorada controversia ha surgido en Argentina con respecto a la presunta cooptación del Estado por parte del Movimiento Evita durante el gobierno de Alberto Fernández. En medio de acusaciones de irregularidades financieras y políticas, la Casa Rosada ha anunciado medidas para inspeccionar y depurar cooperativas supuestamente vinculadas a esta situación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció recientemente que se llevará a cabo una inspección exhaustiva a 4.355 cooperativas creadas en 2023, mientras que otras 11.853, suspendidas en 2019, serán retiradas para operar. Se han señalado múltiples irregularidades en estas cooperativas, incluida una falta de rendición de cuentas del 70% y acusaciones de ser utilizadas como una «caja política».

La Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, ha sido una de las voces críticas más prominentes en este asunto. Han presentado denuncias penales que identifican presuntas maniobras irregulares relacionadas con Emilio Pérsico, principal referente del Movimiento Evita y ex secretario de Economía Social.

Según Hernán Reyes, legislador porteño y dirigente de la Coalición Cívica, durante el gobierno de Alberto Fernández, el Movimiento Evita habría cooptado al Estado y administrado fondos multimillonarios en beneficio propio. Esta presunta acción no solo habría perjudicado a personas en situación de vulnerabilidad, sino también a todos los argentinos, al financiar una política territorial sin la debida legalidad.

Las cooperativas en cuestión están bajo la supervisión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El presidente Fernández nombró a Alexander Roig, un histórico dirigente del Movimiento Evita, al frente del instituto, lo que ha generado más controversia sobre un posible conflicto de intereses.

Las acusaciones han provocado un intenso debate político en Argentina, con llamados a la transparencia y la rendición de cuentas. El anuncio de medidas por parte del gobierno para investigar estas cooperativas refleja un intento por abordar las preocupaciones sobre el uso indebido de fondos públicos y la posible influencia política sobre las instituciones estatales.

El caso continúa desarrollándose a medida que se llevan a cabo investigaciones y se realizan más revelaciones sobre la presunta cooptación del Estado por parte del Movimiento Evita durante el gobierno anterior.