Denuncia contra militante del Partido Obrero por incitación al no pago del boleto.
La Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) ha presentado una denuncia en la Justicia Federal contra Tatiana Fernández Martí, militante del Partido Obrero (PO) y la Unión de Juventudes por el Socialismo del Partido Obrero (UJS-PO). La acusación está basada en el presunto delito de «instigación a cometer un delito» tras la difusión de un video en el que la activista incitaba a la ciudadanía a «saltar los molinetes» en protesta por el aumento del boleto de tren.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4DEJB7ZAMRA3HPKIPWP4C4AMVY.png)
En el escrito presentado por el abogado representante de la compañía, Luis Antonio D’Antiochia, se menciona el artículo 175 y siguientes del Código Procesal Penal Nacional como fundamento para la denuncia. La acusación incluye los delitos de «apología del crimen» y «atentado contra el orden público». La empresa sostiene que la activista, a través de sus declaraciones, ha incurrido en acciones que incitan a la comisión de delitos.
En el video viral, Fernández Martí explicaba el «mecanismo» para «saltar el molinete» como forma de protesta contra el aumento del 500% en la tarifa propuesto por Milei. La militante afirmó que la medida estaba respaldada por Unidos por la Cultura, asambleas barriales y centros de estudiantes. La denuncia se presenta en el marco de las acciones de la activista para organizar un «molinetazo» en distintas estaciones de tren, con el propósito de expresar el rechazo al aumento tarifario.
La empresa SOFSE busca que la Justicia investigue y determine la responsabilidad de Fernández Martí en los hechos denunciados. La denuncia destaca que la activista, además de promover el no pago del boleto, habría realizado declaraciones que podrían interpretarse como apología del crimen y atentado contra el orden público.
La denuncia pone de manifiesto el conflicto entre el derecho a la protesta y las acciones que inciten a la comisión de delitos, planteando el desafío de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el mantenimiento del orden público. La Justicia deberá analizar los argumentos presentados por ambas partes para determinar si la activista incurrió efectivamente en conductas punibles.
