Crítica a proyecto de ley en Venezuela.
Un controvertido proyecto de ley en Venezuela ha generado fuertes críticas, ya que se teme que pueda socavar la existencia de asociaciones civiles independientes en el país. Se trata de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), una iniciativa que está siendo discutida en el Parlamento y que ha levantado banderas de alerta en el ámbito internacional.
Multas significativas y controversiales.
El proyecto inicial de esta ley plantea multas de hasta 12.000 dólares para las organizaciones que no se registren en la entidad de control propuesta o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas. Este aspecto ha generado preocupación y críticas, considerándose sanciones desproporcionadas y sin criterios de evaluación definidos.
Violación a la libertad de asociación.
Organizaciones no gubernamentales han expresado su rechazo, argumentando que la ley busca «criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional». Se destaca la violación del derecho humano a la libertad de asociación y la posible amenaza al espacio cívico en Venezuela.
Llamado a la consulta y críticas internacionales.
A finales de enero de 2023, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, instó al Gobierno venezolano a llevar a cabo un «amplio proceso consultivo» sobre este proyecto. Se enfatiza la importancia de consultar con la sociedad y las organizaciones afectadas antes de su implementación.
Rechazo unánime y llamado a la reflexión.
ONG como Fundaredes y Encuentro, Justicia y Perdón, han expresado su rechazo enérgico, señalando que la norma dejaría a las ONGs en una «situación de inseguridad jurídica indefinida». Alrededor de 500 grupos se han unido en conjunto para oponerse al proyecto, mientras otras organizaciones como Acceso a la Justicia y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+ insisten en que la ley va en contra de estándares internacionales y carece de reconocimiento por parte de la ciudadanía.
Futuro incierto y llamado a la participación ciudadana.
Con la posibilidad de entrar en vigor este año, un año electoral en Venezuela, se hace hincapié en la necesidad de una consulta amplia y fructífera con el pueblo y las organizaciones afectadas antes de llegar a una segunda discusión. La incertidumbre rodea el destino de las ONG en el país, mientras la sociedad espera con ansias la protección de sus derechos fundamentales.
