Blanqueo: La AFIP se prepara para recibir este mes la primera tanda de datos sobre cuentas de argentinos en EE.UU.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina se encuentra en una fase crítica de preparación para recibir, por primera vez, información detallada sobre cuentas de ciudadanos argentinos en Estados Unidos. Esta medida, que forma parte de un acuerdo de intercambio de información financiera entre ambos países, podría marcar un antes y un después en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.

El acuerdo de intercambio de información fiscal entre Argentina y Estados Unidos se gestó como parte de una estrategia más amplia del gobierno argentino para combatir la evasión fiscal. La intención es obtener datos precisos sobre las cuentas bancarias que los argentinos poseen en el exterior, en un esfuerzo por asegurar que se declaren todos los activos y se paguen los impuestos correspondientes.

Este acuerdo, que se implementa en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), exige a las instituciones financieras extranjeras reportar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) información sobre las cuentas de contribuyentes estadounidenses. En el caso de Argentina, la AFIP espera utilizar estos datos para cruzar información y detectar posibles irregularidades.

Según fuentes del gobierno, la AFIP recibirá este mes la primera tanda de datos financieros de argentinos con cuentas en Estados Unidos. Esta información incluirá detalles sobre cuentas bancarias, inversiones y otros activos financieros, proporcionando a la agencia tributaria una herramienta crucial para identificar a aquellos que no han declarado correctamente sus bienes en el exterior.

El flujo de información será constante, con actualizaciones periódicas que permitirán a la AFIP mantener un control más riguroso sobre los contribuyentes. Se espera que estos datos sirvan de base para futuras acciones legales contra aquellos que hayan intentado evadir sus obligaciones fiscales.

El impacto de esta medida en los contribuyentes argentinos podría ser significativo. Aquellos que no hayan declarado sus cuentas en el exterior podrían enfrentar multas severas, así como posibles cargos penales si se demuestra que intentaron ocultar activos deliberadamente. En este sentido, la llegada de la información desde Estados Unidos actúa como una especie de «espada de Damocles» sobre aquellos que no han regularizado su situación fiscal.

Para evitar sanciones, muchos contribuyentes podrían optar por aprovechar los programas de blanqueo que el gobierno ha implementado en los últimos años. Estos programas permiten a los individuos declarar voluntariamente sus activos no registrados a cambio de una penalización reducida, lo que representa una opción más favorable que enfrentarse a las sanciones que podrían derivarse del nuevo flujo de información.

La recepción y procesamiento de esta información representa un desafío significativo para la AFIP. La agencia deberá manejar un gran volumen de datos, garantizando que la información se utilice de manera efectiva y que se respeten los derechos de los contribuyentes. Esto requerirá una coordinación estrecha entre los distintos departamentos de la AFIP, así como la implementación de sistemas tecnológicos avanzados para gestionar y analizar los datos.

Además, la AFIP tendrá que asegurarse de que las acciones que se tomen a partir de esta información sean legales y justas, evitando posibles conflictos internacionales o desafíos legales por parte de los contribuyentes. En este sentido, la transparencia y la adherencia a los procedimientos legales serán cruciales para el éxito de esta iniciativa.

El flujo de nueva información podría tener un impacto significativo en la economía argentina. Al aumentar la base imponible a través de la detección de activos no declarados, el gobierno espera recaudar más ingresos fiscales, lo que podría aliviar parcialmente las tensiones financieras que enfrenta el país. Este aumento en la recaudación podría utilizarse para financiar programas sociales y de infraestructura, así como para reducir el déficit fiscal.

No obstante, también existe el riesgo de que algunas personas decidan retirar sus activos de Estados Unidos o moverlos a otras jurisdicciones con regulaciones menos estrictas, lo que podría limitar el impacto de esta medida. Sin embargo, el creciente número de acuerdos de intercambio de información fiscal a nivel global dificulta cada vez más esta estrategia de evasión.