Alerta en las PYMES de Buenos Aires por fallos judiciales que indexan indemnizaciones

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ha generado un gran revuelo entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la provincia. La corte declaró inconstitucional el artículo de la ley de convertibilidad que prohíbe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias, permitiendo así la actualización de las indemnizaciones laborales y de accidentes de trabajo según el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), más un interés compensatorio.

El fallo se originó en el caso «Barrios», donde los demandantes iniciaron un proceso por daños y perjuicios tras un accidente en 2013. La corte, conformada por los jueces Sergio Torres, Daniel Soria, Hilde Kogan y Luis Genoud, argumentó que la inflación y la depreciación monetaria impactan fuertemente en las relaciones jurídicas, provocando una severa perturbación en la justa composición de los conflictos. Según los jueces, las herramientas jurídicas empleadas hasta ahora han sido fútiles para evitar la lesión del contenido sustancial de los derechos patrimoniales de las personas.

Las PYMES han expresado su preocupación ante la posibilidad de tener que enfrentar indemnizaciones sustancialmente más altas debido a la actualización monetaria. Los empresarios temen que estos fallos judiciales puedan llevar a la quiebra a muchas pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad financiera para absorber los costos adicionales. Un ejemplo citado es el caso de un empleador condenado a pagar 200 mil pesos hace diez años, que hoy podría enfrentar pagos millonarios debido a la actualización por inflación.

El fallo de la Suprema Corte bonaerense se enfrenta a las disposiciones del Código Civil, que impone límites a la indexación de deudas. Este conflicto jurídico añade una capa de incertidumbre para las empresas, que ahora deben navegar un panorama legal complejo y en constante cambio. La decisión de la corte también contradice las políticas nacionales orientadas a reducir el costo laboral y fomentar la inversión extranjera, creando un clima de negocios más incierto.

Diversos tribunales laborales de la provincia han seguido el criterio de la Suprema Corte. Por ejemplo, el Tribunal de Trabajo de Quilmes actualizó indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo según el índice RIPTE, más un interés compensatorio del 6% anual. De manera similar, el Tribunal de Trabajo Nº 1 de Olavarría adoptó medidas comparables en el caso «Butera Marianel Luz c/ Ieracitano Susana Alicia s/ despido».

El impacto de estos fallos podría ser profundo y duradero, afectando la estabilidad financiera de las PYMES y potencialmente llevando a la quiebra a algunas de ellas. La necesidad de actualizar las indemnizaciones por inflación podría convertirse en un tema recurrente en el sistema judicial, obligando a las empresas a revisar sus estrategias legales y financieras.

Abogados especializados en derecho laboral han señalado que, aunque la actualización de las indemnizaciones es una respuesta a la inflación brutal, también representa una carga insostenible para las PYMES. Estos expertos sugieren que solo las grandes empresas pueden manejar estos costos, mientras que las pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de colapsar.